Con el objetivo de frenar el aumento a la tarifa del transporte público, el senador por Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, informó que presentarán un amparo ante juzgados federales en materia administrativa y exigió al Gobierno del Estado claridad sobre las implicaciones del nuevo modelo de cobro, en caso de que se concrete el incremento.
El legislador señaló que en Jalisco no existe una política pública de movilidad, sino un modelo financiero que, dijo, beneficia a intereses privados en detrimento de la economía, la dignidad y los datos personales de millones de usuarios del transporte público.
Lomelí Bolaños recordó que durante la comparecencia de los secretarios de Transporte y de la Hacienda Pública en el Congreso del Estado se confirmó que desde octubre de 2025 ya se había firmado un contrato con la empresa financiera Broxel, además de que el Ejecutivo estatal anunció el uso de mil 200 millones de pesos de recursos públicos para subsidiar la tarifa.
Sin embargo, criticó que dicho monto no será suficiente para cubrir la totalidad de los viajes, ya que, de acuerdo con sus estimaciones, faltarían entre 600 y 800 millones de pesos adicionales, lo que podría derivar en modificaciones presupuestales o en la contratación de deuda pública.
El senador cuestionó qué garantías existen de que el Congreso de Jalisco aprobaría cambios al presupuesto o un posible crédito, o si el Ejecutivo podría reorientar recursos de manera discrecional.
Asimismo, advirtió que el aumento de casi 47 por ciento a la tarifa no impactará de la misma forma a toda la población, ya que quienes no logren incorporarse al sistema digital de la tarjeta única pagarán el costo completo del servicio.
Subrayó que, de acuerdo con el Diario Oficial del Estado, la tarifa quedó indexada y que los 14 pesos establecidos garantizan el costo del transporte público hasta el año 2030, lo que, afirmó, implica que la ciudadanía pagará desde ahora una tarifa proyectada a futuro.
Lomelí Bolaños planteó la posibilidad de que el incremento fuera gradual, con ajustes porcentuales año con año, y cuestionó que el Gobierno del Estado esté obligado a pagar cinco pesos por cada tarjeta emitida, lo que representa una ganancia para la empresa financiera incluso sin que se preste plenamente el servicio, según dijo.
Por otra parte, exigió que las autoridades estatales expliquen qué ocurrirá con el cambio en las máquinas de cobro, considerando que el 44 por ciento de los usuarios paga actualmente en efectivo. Señaló que el modelo de alcancías podría provocar que algunas personas terminen pagando 15 o incluso 20 pesos por viaje, al no recibir cambio, lo que calificó como una estrategia injusta y perjudicial.
Finalmente, lamentó que, pese a los beneficios otorgados a los empresarios transportistas, no exista ningún compromiso formal para mejorar el servicio, ni propuestas claras para resolver problemas como la cobertura de rutas, la eficiencia, la puntualidad y el acceso universal al transporte público.