La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Jalisco obtuvo la vinculación a proceso de Carlos Gabriel “N”, ex directivo del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal), a quien se señala como presunto responsable del desvío de 344 millones de pesos del Fondo de Pensiones a la empresa española Abengoa, en hechos ocurridos entre los años 2014 y 2015.
El juez impuso resguardo domiciliario de seis meses al imputado, lo que fue celebrado por el líder de los diputados de Hagamos, Tonatiuh Bravo Padilla, quien aplaudió que el nuevo fiscal Anticorrupción Eduardo Cipriano Manzanilla Aznarez, logró la vinculación a proceso del ex servidor público del Ipejal.
“Del caso de Abengoa, en buena hora se le dio seguimiento al caso, porque se trata de un atentado contra una institución pensionaria y porque afecta a los fondos de los derechohabientes. Así es. Ya se ven resultados de la nueva gestión en la Fiscalía Anticorrupción, creo que la actuación del fiscal es muy importante para arrancar con un marco de funcionalidad de la propia Fiscalía”, dijo.
El legislador local subrayó que es preciso que la nueva gestión de la Fiscalía Anticorrupción no suelte el caso del Ipejal y del desfalco que sucedió en años pasados.
Añadió que el tema de la corrupción sigue como un asunto del cual los jaliscienses no ven mayores avances y del caso Ipejal se necesita que las investigaciones sigan adelante.
“Hay muchos pendientes y creemos que el tema de la corrupción sigue siendo en la opinión pública, un asunto de primera importancia y que la mayoría de la gente lo palpa en muchas situaciones y en muchos temas de carácter público”, dijo.
A Carlos Gabriel “N”, ex funcionario del Ipejal se le imputó por su probable responsabilidad en el delito de desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades, al participar en la autorización de inversiones con recursos públicos sin respetar las reglas del propio Instituto.
Las investigaciones señalan que la inversión en Abengoa superaba los montos permitidos y se realizaron en inversiones que no cumplían con la calificación mínima de seguridad requerida, lo que implicaba un mayor riesgo para los recursos públicos.