La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio por terminada de manera anticipada su relación contractual con la empresa Territorium Life, responsable de la plataforma utilizada para la aplicación de los exámenes de ingreso en línea a licenciatura, al tiempo que anunció una auditoría tecnológica independiente, una revisión interna y una auditoría de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para esclarecer las irregularidades detectadas durante el proceso de admisión 2026-2027.
El abogado general de la UNAM, Hugo Alejandro Concha Cantú, y el secretario administrativo, Tomás Rubio explicaron que la decisión forma parte de una serie de medidas encaminadas a garantizar la transparencia, deslindar responsabilidades y determinar si existieron fallas en la plataforma, incumplimientos contractuales o cualquier otra causa que haya derivado en los resultados atípicos registrados durante el concurso de selección.
“La universidad no tiene ningún interés en proteger a la empresa, pero tampoco tenemos ningún interés de acusar sin ninguna evidencia”, afirmó.
Hugo Concha precisó que la universidad no pretende emitir juicios anticipados ni responsabilizar a la empresa sin contar con pruebas concluyentes, pero tampoco dejar sin investigar un proceso que generó dudas entre aspirantes y la opinión pública.
La terminación anticipada del contrato permitirá a la institución recibir la totalidad de las bases de datos utilizadas durante el proceso de aplicación de los exámenes, información que será fundamental para las investigaciones técnicas y, en caso de ser necesario, para emprender acciones legales posteriores, según explicó.
Además, adelantó que la auditoría tecnológica será realizada por una empresa especializada, cuya designación será acordada entre la universidad y Territorium Life, con el propósito de revisar el funcionamiento de la plataforma, identificar posibles vulnerabilidades, determinar si existieron fugas de información y establecer con precisión qué ocurrió durante la aplicación de los exámenes.
A la par, indicó que la Contraloría de la UNAM revisará todo el procedimiento de contratación, mientras que el rector Leonardo Lomelí solicitó formalmente la intervención de la Auditoría Superior de la Federación para revisar el proceso de adjudicación y ejecución del contrato, así como deslindar responsabilidades en caso de encontrar irregularidades.
“La UNAM refrenda su compromiso con la rendición de cuentas, con la transparencia y con los principios éticos que son necesarios para poder llevar a cabo sus funciones”, sostuvo
La contratación bajo revisión
Las autoridades universitarias dedicaron buena parte de la exposición a explicar el origen del contrato celebrado con Territorium Life.
El abogado general detalló que el 23 de febrero de 2026 la Dirección General de Administración Escolar solicitó al Comité de Adquisiciones autorizar una adjudicación directa para contratar la plataforma tecnológica que sería utilizada en los procesos de ingreso tanto a bachillerato como a licenciatura.
Según explicó, la legislación universitaria permite recurrir a este mecanismo cuando se trata de servicios profesionales especializados que la institución no puede prestar directamente y que, además, cuentan con características técnicas o de propiedad intelectual que impiden su sustitución inmediata.
Las razones expuestas para justificar la contratación mencionadas fueron que Territorium Life era considerada la única empresa en México con experiencia suficiente para realizar evaluaciones masivas de alta especialidad; contaba con certificaciones internacionales; disponía de una plataforma desarrollada específicamente para procesos de evaluación digital; tenía derechos exclusivos sobre su software y ya había sido utilizada previamente por la propia UNAM en exámenes para aspirantes radicados en el extranjero durante 2024 y en procesos de bachillerato en 2025, sin que entonces se hubieran reportado incidentes de esta naturaleza.
Con base en esos elementos, el Comité de Adquisiciones autorizó la contratación directa el 6 de marzo y posteriormente se formalizó el contrato el 23 de marzo de este año.
Más de 69 millones de pesos ejercidos
El secretario administrativo, Tomás Rubio Pérez, informó que el contrato contemplaba atender a un mínimo de 154 mil aspirantes y un máximo de 385 mil personas durante 2026.
Precisó que el costo acordado fue de 264.31 pesos por aspirante, IVA incluido, y que hasta el cierre de julio habían presentado examen 261 mil 779 aspirantes, de los cuales poco más de 103 mil correspondieron a bachillerato y más de 158 mil a licenciatura.
Como resultado, la universidad había ejercido 69 millones 189 mil 760 pesos, de los cuales aproximadamente 27.2 millones correspondieron a los exámenes de bachillerato y 41.9 millones a los de licenciatura.
Tomás Rubio aclaró que el contrato establecía un costo por sustentante, por lo que el monto total dependía del número final de aspirantes que presentaran el examen.
Ambos insistieron en que toda la documentación relativa al contrato fue publicada oportunamente a través de los mecanismos de transparencia de la universidad y sostuvieron que el proceso de contratación se desarrolló conforme a la normatividad vigente.
No obstante, reconocieron que las irregularidades detectadas durante el proceso de admisión obligan ahora a revisar tanto el funcionamiento de la plataforma tecnológica como cada una de las etapas administrativas que permitieron su contratación.
Sin evidencia aún para sancionar a la empresa
Al responder a los cuestionamientos, Hugo Alejandro Concha Cantú dejó claro que, hasta el momento, la universidad no cuenta con elementos suficientes para atribuir responsabilidades legales a Territorium Life ni para determinar si las anomalías registradas fueron consecuencia de fallas en la plataforma, de filtraciones de información o de otros factores.
Explicó que el contrato firmado con la empresa sí contempla mecanismos para exigir responsabilidades en caso de incumplimiento, entre ellos una garantía de cumplimiento, responsabilidad civil y penalizaciones convencionales.
Sin embargo, insistió en que cualquier decisión deberá sustentarse en las conclusiones de la auditoría tecnológica y en las investigaciones que actualmente se encuentran en curso.
“Sería irresponsable acusar sin evidencia”, sostuvo el abogado general al señalar que la universidad tampoco tiene interés en proteger a la empresa, sino en conocer con precisión qué ocurrió durante el proceso de admisión.
Añadió que la propia plataforma fue la que permitió detectar diversas conductas irregulares y servicios fraudulentos ofrecidos por terceros, hechos que incluso derivaron en denuncias presentadas por la institución.
Respecto a las dudas sobre una posible filtración de reactivos, Concha Cantú explicó que uno de los objetivos centrales de la auditoría será determinar si existieron salidas indebidas de información desde los servidores o si el material que comenzó a circular en redes sociales provenía de otras fuentes, como bancos de preguntas utilizados para preparación de aspirantes.
También rechazó que pueda concluirse, por ahora, que hubo una vulneración directa de la plataforma, ya que precisamente ese será uno de los aspectos que deberán esclarecer los especialistas independientes.
Para ello, dijo, la empresa auditora revisará servidores, discos duros, registros informáticos y todo el funcionamiento del sistema con el fin de reconstruir técnicamente lo sucedido.
Examen de control, revisiones y amparos
Redpecto a la aplicación del denominado examen de control para aspirantes cuyos resultados fueron considerados atípicos, el abogado general explicó que esta evaluación no constituye una sanción automática ni implica que la universidad considere que quienes fueron convocados hicieron trampa.
Precisó que se trata de un mecanismo de verificación contemplado dentro de las facultades de la institución para revisar situaciones irregulares detectadas durante el proceso de selección y corroborar la validez de determinados resultados antes de publicar la lista definitiva de personas admitidas.
También detalló que la universidad conserva un expediente digital de cada sustentante, el cual incluye videos completos de la aplicación del examen, pausas registradas, alertas emitidas por el sistema y cualquier incidente detectado durante la prueba.
Esa información, explicó, es utilizada cuando un aspirante solicita la revisión de la cancelación de su examen o cuando existen elementos que ameritan un análisis adicional.
Además, indicó que alrededor de 3 mil 200 exámenes fueron cancelados porque el sistema detectó evidencias concretas de irregularidades, y aseguró que esas determinaciones no obedecieron a simples sospechas ni a presunciones derivadas de obtener calificaciones altas.
Según explicó, las cancelaciones solo procedieron cuando existieron elementos objetivos documentados por la plataforma y revisados por personal de la Dirección General de Administración Escolar y del área jurídica de la universidad. Los aspirantes afectados, agregó, tienen derecho a conocer las razones de esa decisión y solicitar la revisión correspondiente.
Sobre los recursos legales promovidos por algunos aspirantes, informó que hasta ese momento la universidad tenía conocimiento de alrededor de diez demandas de amparo, aunque señaló que ninguna había sido formalmente notificada a la institución.
Indicó que, una vez que eso ocurra, la UNAM responderá jurídicamente conforme a derecho y recordó que existen precedentes judiciales que reconocen la autonomía universitaria para resolver asuntos de carácter académico.
Las autoridades añadieron que cada aspirante convocado al examen de control recibirá una notificación individual con la fecha, sede y procedimiento que deberá seguir para presentar la evaluación complementaria.
Revisión institucional y futuro del proceso
Respecto a la eventual responsabilidad de funcionarios universitarios involucrados en la contratación de la plataforma Concha Cantú confirmó que la entonces secretaria general presentó su renuncia, aunque aclaró que ello no significa que exista una determinación sobre responsabilidades administrativas o legales.
Subrayó que precisamente las auditorías y el trabajo de la Comisión Técnica de Personas Expertas serán los mecanismos que permitirán determinar si existieron omisiones o actuaciones indebidas por parte de servidores universitarios o de la empresa contratada.
Por su parte, Tomás Rubio defendió el procedimiento mediante el cual se realizó la adjudicación directa y aseguró que el Comité de Adquisiciones evaluó la documentación presentada por las áreas técnicas antes de autorizar la contratación.
Señaló que también se analizaron otras opciones disponibles en el mercado, aunque sostuvo que ninguna reunía las características técnicas, de especialización y de propiedad intelectual requeridas para un proceso de admisión de esa magnitud.
El secretario administrativo informó además que la repetición del examen de control no tendrá costo para los aspirantes y que los recursos necesarios serán cubiertos por la propia universidad, sin afectar las funciones sustantivas de la institución.
No obstante, evitó adelantar si en futuros procesos de admisión se volverá al esquema presencial o se mantendrán las evaluaciones en línea, al señalar que esa decisión dependerá de las conclusiones que emita la Comisión Técnica una vez concluidas las investigaciones.
Finalmente, las autoridades insistieron en que la prioridad de la UNAM es garantizar la certeza del proceso de ingreso y preservar la confianza de los aspirantes.
Hugo Concha Cantú aseguró que la universidad no busca confrontarse con quienes participaron en el concurso de selección, sino esclarecer plenamente lo ocurrido para que únicamente ingresen quienes acrediten su desempeño conforme a las reglas establecidas.
Añadió que todas las investigaciones continuarán hasta deslindar las responsabilidades que correspondan y reforzar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en los procesos de admisión.