Metrópoli

En Naucalpan intervendrán el Bar Black Royce cuando la fiscalía libere caso Iñigo Arenas

La alcaldesa Angélica Moya Marín subrayó que la trágica muerte del empresario genera que haya mayor vigilancia en estod establecimientos en sus regulaciones y categoría de negocio

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Ignacio Espinoza Castillo, Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico de Naucalpan/

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Una vez que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) libere el restaurante bar Black Royce, tras las investigaciones que realizan en relación al fallecimiento del empresario Iñigo Arenas, dentro de sus instalaciones; el gobierno de Naucalpan se involucrará en acciones de carácter jurídico y administrativo en relación al establecimiento.

La alcaldesa Angélica Moya Marín subrayó que este trágico suceso genera una mayor vigilancia por parte del gobierno hacia este tipo de establecimientos, enfatizando la necesidad de asegurarse de que cumplan con las regulaciones establecidas según su categoría de negocio.

“Es una situación sumamente lamentable, estamos muy consternados por lo ocurrido. Estamos a la espera de los resultados de la investigación de la fiscalía para tener claridad en los hechos y poder actuar en consecuencia a través de la Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico”, explicó Moya Marín.

Ignacio Espinoza Castillo, director de esta dependencia, reveló que el Black Royce estaba en operación desde 2018 y había renovado sus licencias anuales de restaurante bar hasta el año 2023, con un horario de cierre a las 2:00 horas del día siguiente. Además, destacó que durante la administración de Angélica Moya no se habían otorgado licencias para centros nocturnos, en línea con el objetivo de mantener la gobernabilidad en todo el municipio.

“Sin embargo, según lo que ha trascendido, las actividades realizadas en el establecimiento correspondían a las de un centro nocturno. Nuestra actuación estará supeditada a la investigación y a las pruebas resultantes que se obtengan”, enfatizó.

En términos prácticos, se podrían aplicar medidas que van desde suspensiones temporales, amonestaciones, “aunque no considero que ese sea el caso”, hasta clausuras definitivas o la revocación de la licencia correspondiente.

Espinoza Castillo también resaltó que desde el inicio de la administración municipal, la alcaldesa ha instruido inspecciones regulares para verificar que los negocios con venta de alcohol operen en cumplimiento de las normas. En este contexto, diversos departamentos municipales llevan a cabo operativos conjuntos durante los fines de semana. Como resultado, hasta el momento se han suspendido alrededor de 150 establecimientos económicos debido a diversas irregularidades en su funcionamiento.