Mundo

Con arrestos y encarcelamientos, el régimen de Nicaragua arrecia ataques a la prensa

La sentencia contra el director de La Prensa, Juan Lorenzo Holmann, por supuesto lavado de dinero en un juicio a puerta cerrada pone de nuevo de relieve la represión de Ortega

donde se habla español

En agosto de 2021, las instalaciones del periódico La Prensa, en Managua, fueron tomadas por la policía.

En agosto de 2021, las instalaciones del periódico La Prensa, en Managua, fueron tomadas por la policía.

Revista Confidencial

Un juzgado de Nicaragua condenó este jueves a nueve años de prisión al Director y Gerente general del periódico La Prensa, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, tras un juicio de tres días, realizado a puerta cerrada, en el que se le acusó de lavado de dinero. Los abogados defensores afirmaron que técnicamente no se demostró el delito de lavado, por lo que consideran que se trata de un proceso político.

Actualmente, se encuentran encarcelados los comunicadores Miguel Mendoza, Miguel Mora, Cristiana Chamorro, Jaime Arellano, Samanta Jirón y el mencionado Juan Lorenzo Holmann. Ellos fueron detenidos en el marco de una ola de arrestos previa a las elecciones generales de noviembre de 2021, cuando el exlíder guerrillero y actual Presidente nicaragüense, Daniel Ortega, obtuvo una cuestionada nueva reelección. Los periodistas y conductores de programas de radio y televisión fueron acusados de "traición a la patria".

Hace un mes, el 1 de marzo, el movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) demandó al régimen de Ortega la liberación inmediata de periodistas, así como la devolución de los medios de comunicación que mantiene ocupados, entre ellos La Prensa, que es el diario más antiguo del país.

JUICIO Y CENSURA

La misma jueza que condenó el jueves al directivo del periódico La Prensa también decidió que las instalaciones del periódico y sus imprentas permanezcan confiscadas, aunque no determinó por cuánto tiempo. La policía de Nicaragua tiene ocupado el edificio del diario desde agosto de 2021, por lo que dejó de circular y se edita sólo la versión digital.

Tras conocer la sentencia, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que agrupa a más de mil 300 periódicos y revistas de todo el continente americano, emitió un comunicado calificando el proceso judicial como "disparatado" y recordó que la ofensiva política y legal contra la libertad de prensa en Nicaragua comenzó desde 2018, cuando un conjunto de protestas sociales contra el gobierno Sandinista de Ortega derivó en disturbios y la muerte de aproximadamente 400 personas.

Antes de que se confiscaran las rotativas de La Prensa, habían denunciado bloqueo a sus compras de papel y tinta

Antes de que se confiscaran las rotativas de La Prensa, habían denunciado bloqueo a sus compras de papel y tinta

Voice of America

La tensión entre régimen y prensa se volvió a agudizar tres meses antes de la más reciente reelección de Ortega, ocurrida en noviembre de 2021 sin candidatos opositores. Entre estos opositores encerrados se encuentra Cristiana Chamorro, que además de periodista e hija de la expresidenta Violeta Chamorro, era la candidata favorita en las encuestas para lograr la elección.

Por su parte, Juan Lorenzo Holmann Chamorro está preso desde el 14 de agosto de 2021, un día después de que el régimen ocupara y cerrara la sede del diario en Managua.

LOS RESABIOS DE 2018

La confrontación abierta entre el régimen de Ortega y los medios de comunicación críticos ha escalado desde las protestas sociales de abril 2018. En esa revuelta, que alcanzó su fase más aguda en la segunda mitad de abril de ese año, diferentes diarios denunciaron ataques cibernéticos a sus portales de internet, presuntamente organizados desde el gobierno para impedir el libre flujo de información.

El diario La Prensa y la revista Confidencial, ambos medios independientes y críticos con el gobierno, documentaron ataques contra sus webs.

“Nuestros técnicos hicieron una investigación exhaustiva y hemos comprobado que el sitio no se cayó por fallas técnicas, sino que fue objeto de un sofisticado ataque cibernético, orquestado por los enemigos de la libertad de prensa, que buscan imponer un estado de censura”, explicó entonces el periodista Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial.

En medio de esa misma turbulencia social La Prensa informó que padeció un "severo ataque cibernético" que obstaculizó la operación normal de su página.

El diario afirmó que "este ataque busca impedir que la prensa independiente informe sobre lo que ocurre en las manifestaciones y protestas en contra del gobierno de Daniel Ortega".

Mientras tanto, el Canal 100% Noticias quedó fuera del aire, después de que el presidente impusiera la censura a través de Telcor, el ente regulador de las telecomunicaciones.

Durante los días de violencia al menos 13 periodistas fueron agredidos y el reportero Ángel Gahona fue asesinado de un disparo en la cabeza mientras cubría las protestas en Bluefields, en el Caribe del país. Además, la Radio Darío de la colonial León, en el oeste de Nicaragua, fue incendiada.

Este jueves, Jorge Canahuati, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, y Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, coincidieron en que "se trata de una más de las locuras disparatadas del régimen de Ortega-Murillo (por la vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo) con las que, sin vergüenza alguna, provoca a la comunidad internacional y viola todos los principios del debido proceso".

LA REELECCIÓN DE ORTEGA

El nuevo capítulo de confrontación prensa-gobierno se agudizó la segunda mitad del año 2021, cuando Daniel Ortega compitió y ganó para gobernar Nicaragua por quinto periodo.

Esa elección fue duramente cuestionada por la eliminación paulatina de opositores mediante juicios y encarcelamientos; del mismo modo que ocurrió con los periodistas críticos.

Un ejemplo es lo que ocurrió a cuatro miembros de la familia Chamorro que fueron encarcelados, entre ellos dos precandidatos presidenciales a las elecciones, incluyendo a la mencionada Cristiana Chamorro. Debido a estas irregularidades, la reelección de Ortega no ha sido reconocida por diferentes países de la comunidad internacional porque todos los opositores fueron apresados antes de comenzar las campañas.

Daniel Ortega, de 76 años de edad, fue conocido desde los años 80s por ser uno de los líderes guerrilleros del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que derrocó al ex dictador Anastasio Somoza Debayle, quien gobernó el país diez años.

El actual Presidente, Ortega, llegó por primera vez a la cabeza del gobierno en 1985 y permaneció hasta 1990. Posteriormente fue reelecto en 2007 y se ha mantenido en el poder hasta la fecha, con lo que acumula más de 20 años como jefe de gobierno nicaragüense y es el gobernante actual con más tiempo en el pode en un país del continente americano.

Para afianzarse en el poder, el actual régimen ha desatado la mayor ola de acusaciones y encarcelamiento de opositores en un país del continente americano.

El 8 de febrero de este año, el excanciller nicaragüense Francisco Aguirre Sacasa fue condenado a ocho años de prisión y posteriormente el periodista Miguel Mora a 13 años de cárcel.

Al igual que el reciente caso de Juan Lorenzo Holmann, las sentencias contra ambos opositores al régimen de Ortega tuvieron lugar en juicios a puerta cerrada.

Lee también

La caída de remesas en Paraguay impacta al 15% de la población más pobre

Antimio cruz
Las familias más vulnerables de Paraguay son las que dependen más de las remesas, según el estudio Latinobarómetro

LA ONU INVESTIGA

El mismo día de la sentencia, en Ginebra, Suiza, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, analizó y votó la resolución “Promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua” que pide investigar exhaustivamente los presuntos abusos y violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen en Nicaragua desde abril de 2018.

México fue uno de los países que votó a favor de crear un grupo de expertos que investigue posibles violaciones a Derechos Humanos en Nicaragua. En el mismo sentido votaron otros 19 países: Argentina, Brasil, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Gambia, Alemania, Japón, Lituania, Luxemburgo, Malawi, Islas Marshall, México, Montenegro, Holanda, Paraguay, Polonia, Corea del Sur, Ucrania, Reino Unido.

Siete países se pronunciaron en contra de la creación del grupo de expertos, entre ellos China y Bolivia, mientras que 20 más se abstuvieron.

La Oficina del Alto Comisionado detalló que el Grupo de expertos será apoyado por un equipo técnico multidisciplinario que trabajará desde Panamá. Al cabo de un año, tendrán que presentará un informe escrito al cabo de un año, durante el 52 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.