La Corte Suprema de Estados Unidos despejó el camino este martes para que Texas comience a implementar de inmediato la polémica ley de inmigración que permite a las autoridades estatales arrestar y detener a personas sospechosas de haber ingresado de manera ilegal al país.

Los tres jueces liberales del alto tribunal manifestaron su disenso con el fallo, según informó CNN.

La decisión ocurre menos de 24 horas después de que la corte suspendiera indefinidamente la implementación de la ley. Esta era la tercera vez que el alto tribunal frenaba la medida.

Actualmente se desarrollan impugnaciones contra la ley en una corte federal de apelaciones, pero la decisión representa una victoria significativa, aunque temporal, para Texas, que ha librado una batalla continua con el Gobierno de Biden sobre la política de inmigración.

La controversial ley, conocida como SB4, la promulgó el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, en diciembre pasado. Inmediatamente generó preocupación entre los defensores de la inmigración por la posibilidad de un mayor perfilamiento racial, así como por detenciones e intentos de deportaciones por parte de las autoridades estatales en Texas, donde los latinos representan el 40% de la población.

Como suele ocurrir en las decisiones sobre solicitudes de emergencia, la Corte Suprema no explicó su razonamiento.

“Perturbará las relaciones con México”

La jueza liberal Sonia Sotomayor dijo que la orden “invita a más caos y crisis en la aplicación de la ley de inmigración”.

La ley, escribió Sotomayor en su disidencia, “trastoca el equilibrio de poder federal-estatal que ha existido durante más de un siglo, en el que el Gobierno Nacional ha tenido autoridad exclusiva sobre la entrada y expulsión de no ciudadanos”.

“Texas ahora puede implementar inmediatamente su propia ley que impone responsabilidad penal a miles de no ciudadanos y exige su expulsión a México”, escribió Sotomayor.

“Esta ley perturbará las delicadas relaciones exteriores, frustrará la protección de las personas que huyen de la persecución, obstaculizará los esfuerzos federales de aplicación de la ley, socavará la capacidad de las agencias federales para detectar y monitorear amenazas inminentes a la seguridad y disuadirá a los no ciudadanos de denunciar abusos o trata”.