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El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, fue demandado en un tribunal floridano por el envío de migrantes venezolanos desde Texas a una isla de Massachusetts, estado donde ya enfrenta una demanda por ese mismo motivo.
El Southern Poverty Law Center y organizaciones defensoras de los migrantes como Florida Inmigration Coalition informaron que la demanda fue interpuesta en los tribunales federales de Miami este jueves contra el gobernador y el secretario de Transporte de Florida, Jared W. Perdue.
Los demandantes sostienen que el programa de reubicación de migrantes de Florida, dotado de 12 millones de dólares y bajo el cual se trasladó a casi 50 migrantes, en su mayoría venezolanos, de San Antonio (Texas) a la isla Martha's Vineyard, en Massachusetts, en septiembre pasado, es inconstitucional.
Florida está "usurpando el papel exclusivo del gobierno federal en regular y hacer cumplir la ley de inmigración", alegan.
La demanda argumenta también que el programa es discriminatorio y constituye una muestra de "acoso de migrantes patrocinado por el estado por motivos de raza, color y origen nacional".
"La Constitución es clara: el poder único y exclusivo para regular la política de inmigración se otorga al gobierno federal, no a los estados", dijo Paul Chavez, abogado supervisor principal del Proyecto de Justicia para migrantes del Southern Poverty Law Center, en un comunicado.
"El programa del gobernador DeSantis y el estado de Florida para usar fondos de los contribuyentes para la 'reubicación' de 'extranjeros no autorizados'" es un intento descarado e ilegal de hostigar a los migrantes a nivel estatal", subrayó.
Cuando se conoció el envío de los migrantes a Martha's Vineyard y estalló la polémica, DeSantis defendió su decisión como una respuesta a la política migratoria del Gobierno del presidente Joseph Biden, que, a su juicio, deja las fronteras de EU "abiertas" a extranjeros sin permiso para radicarse en el país.
También dijo que los migrantes captados en Texas tras solicitar asilo político en la frontera viajaron a Martha's Vineyard voluntariamente, pero los que abordaron el vuelo pagado por Florida dijeron ante la justicia de Massachusetts haber sido engañados.
Hasta ahora solo ha habido un vuelo de reubicación, con un coste de más de 1.5 millones de dólares, pero DeSantis prometió gastar los 12 millones que el Congreso de Florida asignó a ese programa.
En la demanda colectiva planteada por una organización pro derechos civiles en los tribunales federales de Massachusetts se acusa a DeSantis y otros funcionarios de Florida de violar los derechos de los migrantes con "falsas promesas y tergiversaciones" para que abordasen los vuelos.
El organismo de control del departamento del Tesoro de EU investiga, por su parte, si el gobernador usó indebidamente dinero relacionado con el alivio federal de COVID-19 para pagar los vuelos.
En Texas un alguacil abrió una investigación sobre el vuelo desde San Antonio y en Florida el senador estatal demócrata Jason Pizzo planteó una demanda para evitar que DeSantis use más dinero en la reubicación de migrantes, pero fue desestimada por motivos técnicos.
Pese a esta polémica y otras por su agenda ultraconservadora, los votantes de Florida le dieron a DeSantis cuatro años más de mandato en las elecciones intermedias celebradas en noviembre.
Las encuestas previas a la cita con las urnas mostraron que la mitad del electorado estaba de acuerdo con la reubicación de migrantes en estados y ciudades dominadas por los demócratas que persigue el programa de DeSantis.
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