El Parlamento de Honduras comenzó este martes la legislatura 2022-2026, dos días antes de que asuma el poder la presidenta electa, Xiomara Castro, sin que por ahora se vea una salida a la crisis política derivada por la elección de dos juntas directivas en propiedad en el Legislativo.

Las ceremonias, una en la sede del Legislativo, encabezada por Luis Redondo, y otra por videoconferencias a través de la aplicación Zoom, liderada por Jorge Cálix, se iniciaron hacia las 9 de la mañana, hora local.

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Fran Ruiz

Redondo dijo que el Parlamento hondureño promoverá leyes para garantizar la "restauración de la democracia, el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos".

Asimismo, agradeció a los diputados del Partido Libertad y Refundación (Libre) que apoyan a la presidenta electa Castro "por honrar y ser leales al compromiso de su partido" para que él lidere desde ahora la junta directiva del Congreso Nacional.

EL OFICIALISMO, CONTRA LA REELECCIÓN

Redondo también anunció la instalación de una "mesa anticorrupción" para revisar varias leyes y adelantó que se trabaja en una normativa especial para tipificar la reelección presidencial como "un delito de traición a la patria", por lo que los diputados presentes en la sesión se pusieron de pie y gritaban "sí se pudo".

CRISIS SIN SOLUCIÓN A LA VISTA

El nuevo Parlamento fue instalado en medio de una crisis política por la elección de dos juntas directivas en propiedad, sin que se vea una salida por el momento.

Redondo es avalado por la presidenta electa, líder de Libre (izquierda), como parte de una alianza suscrita con el Partido Salvador de Honduras (PSH), cuyo presidente es Salvador Nasrallá, uno de los designados electos (vicepresidente).

Nasrallá fue, además, el candidato derrotado por el futuro expresidente Juan Orlando Hernández (JOH) en las elecciones presidenciales de 2017, que desataron fuertes protestas entre acusaciones de fraude electoral contra Hernández.

Al menos 17 de los 50 diputados que Libre obtuvo en las elecciones generales del 28 de noviembre han sido expulsados del partido por rechazar a Redondo como presidente del Congreso Nacional y apoyar la junta directiva de Cálix, que también cuenta con 44 votos del Partido Nacional, ahora primera fuerza de oposición.

JOH, quien este jueves concluirá su segundo mandato de cuatro años, no acudió al Parlamento para presentar el informe de su gestión, por que el ejecutivo no quiso explicar.

EL RETO DE LA GOBERNABILIDAD

Cálix afirmó que el pueblo hondureño "está harto de confrontaciones estériles" y sueña con "un país justo y con oportunidades para todos".

"La patria que soñó mi generación no la hemos visto hecha realidad, no fue la democracia la que nos falló, lo que le ha fallado a este noble pueblo ha sido la clase política por no tomar en serio su papel de intermediario entre los ciudadanos y sus deseos, entre los problemas del pueblo y su solución, por puro ego y ambiciones personales", señaló.

Cálix dijo que el país ha pasado por "la vergüenza sin nombre de ocupar las primeras planas de los diarios internacionales donde se señalan a quienes les dimos el honor de representarnos por actos bochornosos".

"No es la democracia la que nos falló, nos fallaron los políticos que hicieron lo que quisieron con los sueños de la gente, hicieron de la miseria de este país un negocio inagotable para darse la gran vida, una vida de opulencia a la que muchos de ellos no hubiesen podido haber llegado por el camino de la honradez", insistió.

Cálix señaló que su objetivo inmediato es "la gobernabilidad democrática a través del diálogo político, inclusivo, sin condiciones, franco, pensando en el bienestar del pueblo hondureño".

“Urgen reformas constitucionales como la revocatoria de mandato, hay algunos que piensan que cuatro años son pocos, pero cuando no hay una visión de país y un compromiso con el pueblo, cuatro años es demasiado, el pueblo tiene que tener la oportunidad de revocarle el mandato a quien no cumpla y no proteja los intereses de la ciudadanía”, enfatizó.

Afirmó además que es necesario realizar una “reforma profunda” en el sistema de Justicia de Honduras, y anunció la aprobación de la ley de extradición.