La ONU anunció este miércoles que, tras una larga investigación independiente, ha concluido que China pudo cometer crímenes contra la humanidad contra los uigures, al aplicar políticas que han implicado su detención arbitraria masiva y otros graves abusos en su contra.
En un histórica toma de posición frente a China, que fue difundida minutos antes de la medianoche en que acababa el mandato de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, su organismo ha confirmado que la legislación antiterrorista provocó la "privación de la libertad a gran escala" de esas minorías, al menos entre 2017 y 2019.
La Alta Comisaría para los Derechos Humanos considera creíbles las denuncias de que en los centros de internamiento se practicaban torturas, “incluso hay graves indicios de violaciones de los derechos reproductivos a través de la aplicación forzada de programas de planificación familiar y de control de nacimientos".
La actitud del Gobierno central hacia los uigures se ha fundamentado en su percepción de que son una “amenaza terrorista”.
Pese a las dificultades y a que China no autorizó a los expertos de derechos humanos de la ONU visitar la región para recabar información directamente, la Oficina de Bachelet pudo entrevistar a personas que estuvieron detenidas en los centros de internamiento y que explican que su calvario empezó con una detención inicial en una comisaría.
El análisis de distintas fuentes de información -incluyendo de tipo oficial- le permite calcular que entre el 10% y el 20% de la población adulta perteneciente a una minoría étnica residente en varias comarcas y pueblos de Xinjiang pudo estar detenida entre 2017 y 2018.
Las razones para correr tal suerte eran tan amplias como absurdas: tener demasiados hijos, haber nacido en ciertos años, haber estado en la cárcel, usar velo o tener barba, haber pedido un pasaporte y no haber salido del país, haber viajado al extranjero o haberse descargado la aplicación de mensajería Whatsapp.
La misión de China en Ginebra criticó el informe, que consideró "basado en desinformación y mentiras fabricadas por fuerzas antichinas", y que "distorsiona las leyes y políticas de China, calumnia sin motivo e interfiere en asuntos internos".
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