La Corte Suprema de Estados Unidos permitió este viernes que un grupo de clínicas que practican abortos continúen en instancias judiciales inferiores su desafío a la ley de Texas que prohíbe la mayoría de interrupciones del embarazo después de las seis semanas.

Sin embargo, a la vez, la Corte Suprema permitió que siga en vigor la ley vigente en Texas mientras continúa esa batalla legal.

El tribunal no entró este viernes a valorar si la legislación del estado sureño viola el derecho al aborto, que fue reconocido en EU en 1973 a raíz del icónico fallo en el caso "Roe contra Wade", en el que se estableció que una mujer puede acabar con su embarazo en los primeros seis meses de gestación.

La máxima instancia judicial de EU se pronunció un mes después de escuchar en una audiencia las demandas en contra de la ley de Texas del gobierno del presidente Joe Biden y de clínicas abortivas, que centraron sus argumentos en aspectos procedimentales de la legislación y no en su constitucionalidad.

Por ahora, la nueva decisión se limita a decir que las clínicas pueden continuar con sus desafíos legales en cortes inferiores y, por tanto, intentar que un juez bloquee la legislación texana.

Si eso sucede, lo más probable es que el estado de Texas interponga un recurso y el caso acabe en una corte de apelaciones, desde donde volverá a la Corte Suprema.

CLARENCE THOMAS, SOLO

De los nueve jueces del Supremo, ocho votaron a favor de permitir que el caso de las clínicas siga su curso en cortes inferiores, mientras que el magistrado conservador Clarence Thomas se posicionó en contra.

Clarence Thomas es el juez más conservador de la corte, cargo para el que fue elegido en 1991 en medio de duras acusaciones de acoso sexual por parte de Anita Hill, excompañera de trabajo.

CAZAABORTISTAS

La ley de Texas, que entró en vigor en septiembre, prohíbe el aborto desde las seis semanas de gestación y no contiene excepciones para los casos de incesto o violación.

Uno de sus aspectos más polémicos es que deja en manos de particulares y no de funcionarios estatales, como suele ser habitual, su aplicación, ya que cualquier persona puede presentar demandas civiles contra cualquiera que ayude a una embarazada a abortar si creen que infringen la prohibición.

Además, ofrece recompensas de hasta 10 mil dólares a cada demandante si gana el juicio.

Ese sistema ha permitido hasta ahora que las autoridades de Texas eludan la responsabilidad por la aplicación de la ley, porque el peso de la implementación recae en esos ciudadanos particulares y no en los líderes conservadores que impulsaron el veto al aborto.

Ninguna otra ley que prohíba abortar a las seis semanas de gestación -cuando se puede detectar el latido del corazón del feto- ha entrado en vigor en Estados Unidos.