Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, llamado el Bukele mexicano y posible aspirante presidencial, fue asesinado a balazos la noche del primer sábado de noviembre.
Manzo llegó a la alcaldía como independiente con una plataforma centrada en la mano dura contra el crimen: en los últimos meses había multiplicado sus llamados a que el Gobierno federal enviara fuerzas federales a su municipio.
En contraste con la política de “Abrazos no balazos” del obradorismo, el alcalde de Uruapan había pedido que se “abatiera” a delincuentes que atentaran contra la sociedad, postura que lo convirtió en blanco de críticas y comparaciones con líderes autoritarios de la región, como el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.
El edil michoacano, en los últimos meses, había logrado fama y respaldo en plataformas como TikTok e Instagram, es decir, entre la “Generación centennial”, también conocida como “Generación Z”, por su postura salomónica respecto a la delincuencia organizada.
Noviembre, sin embargo, inicia con un posible candidato presidencial y una de las mayores figuras de la oposición asesinado.
El asesinato de Carlos Manzo sacudió a Michoacán... y a todo México
Con la muerte de Carlos Manzo, la oposición al oficialismo, es decir, la oposición a la Cuarta Transformación, perdió a uno de sus principales cuadros políticos.
El ataque ocurrió alrededor de las 20:00 horas del sábado 1 de noviembre, durante el “Festival de Velas” en el centro histórico de Uruapan.
De acuerdo con reportes de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, el alcalde Carlos Manzo se encontraba en un acto público cuando un grupo armado abrió fuego. En el lugar falleció uno de los agresores y dos personas fueron detenidas por su presunta participación, según informó el Gabinete de Seguridad federal.
Carlos Manzo había sido electo como presidente municipal en 2024 por la vía independiente, tras encabezar una campaña centrada en el fortalecimiento policial y la exigencia de mayor intervención federal en materia de seguridad.
En diversos espacios públicos y entrevistas, había insistido en la necesidad de “recuperar el control territorial” de Uruapan y denunciado la presencia de grupos delictivos en la región.
Durante las semanas previas a su asesinato, el alcalde había solicitado el envío de fuerzas federales a su municipio y reportado incidentes vinculados a la delincuencia organizada.
También había advertido sobre la existencia de “campamentos armados” en zonas rurales del estado, lo que generó atención mediática y respuestas oficiales que confirmaron operativos en la zona.
Una de las últimas polémicas del edil fue haber solicitado a la Secretaría de Seguridad Pública estatal la autorización y suministro de ametralladoras “FN Minimi” para fortalecer el armamento de la policía municipal e “igualar la fuerza” frente al crimen organizado que opera en la región.