De nueva cuenta, el gobierno de los Estados Unidos ha revelado una nueva investigación en la que vinculan a funcionarios del gobierno mexicano con el grupo delictivo Los Chapitos. La noticia salió a la luz luego de que el Departamento de Justicia estadounidense reveló una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa y un grupo de altos funcionarios vinculados, presuntamente, al narcotráfico.
Dicha investigación tuvo lugar en la ciudad de Nueva York, lugar donde el Administrador de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), Terrance C. Cole señaló una presunta red de colaboración entre autoridades y el crimen organizado, en uno de los casos más delicados de los últimos años por el nivel político de los implicados.
De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto con otros nueve funcionarios, tanto en activo como retirados, fueron acusados por delitos relacionados con narcotráfico y armas.
¿Por qué acusan a Rubén Rocha Moya y a otros 9 funcionarios de narcotráfico?
El documento judicial del la DEA señala que los implicados se habrían aliado con líderes del Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.
Entre los delitos señalados se encuentran la conspiración para traficar drogas, delitos relacionados con armas de fuego y secuestro y homicidio en algunos casos más específicos.
Uno de los acusados incluso enfrenta cargos adicionales por participar en el secuestro y asesinato de un informante de la DEA.
Por si fuera poco, según la fiscalía estadounidense, los funcionarios habrían recibido sobornos millonarios a cambio de ofrecer protección institucional al cártel.
Las autoridades sostienen que el acuerdo incluía facilitar el traslado de drogas como fentanilo, cocaína, metanfetamina y heroína; proporcionar información para evadir operativos y garantizar impunidad en distintas zonas del estado
Además, se menciona que esta red habría operado en coordinación con la facción de “Los Chapitos”, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
¿Quiénes son los otros funcionarios acusados de nexos con los Chapitos?
Además de Rubén Rocha Moya, la investigación señala a Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Secretario de Administración y Finanzas; Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Jefe de Investigación criminal de Sinaloa, Alberto Jorge Contreras Núñez, A/K/A “Cholo”, Gerardo Mérida Sánchez, hasta 2024 exjefea dela Policía estatal; José Antonio Dionisio Hipolito, Alias “Tornado”, fue segundo al mando de la Policía estatal; Juan De Dios Gamez Mendivil, alcalde activo de Culiacán, y Juan Valenzuela Millán, comandante de la policía municipal de Culiacán, alias “Juanito”, acusado de tráfico de drogas y nexos con armas.
“El Cártel de Sinaloa es una organización criminal despiadada que ha inundado esta comunidad con drogas peligrosas durante décadas”, declaró el fiscal federal Jay Clayton. “Como lo revela la acusación, el Cártel de Sinaloa y otras organizaciones de narcotráfico similares no operarían con tanta libertad ni éxito sin políticos y funcionarios policiales corruptos a sueldo. El apoyo de funcionarios extranjeros corruptos al tráfico mortal de drogas debe terminar. Que estas acusaciones envíen un mensaje claro a todos los funcionarios del mundo que colaboran con narcotraficantes: sin importar su cargo o posición, estamos comprometidos a llevarlos ante la justicia”.
Los acusados desempeñaron diversas funciones para el Cártel. De acuerdo con el informe oficial protegieron a los líderes del Cártel de la investigación, el arresto y el enjuiciamiento; proporcionaron información confidencial de las fuerzas del orden y del ejército a miembros del Cártel y narcotraficantes aliados para facilitar las actividades delictivas del Cártel; ordenaron a miembros de agencias policiales estatales y locales, como la Policía Estatal de Sinaloa, la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y la Policía Municipal de Culiacán, que protegieran cargamentos de droga almacenados en México y en tránsito hacia Estados Unidos; y permitieron que miembros del Cártel cometieran actos de violencia brutal relacionados con el narcotráfico sin consecuencias. A cambio, los acusados recibieron colectivamente millones de dólares provenientes del narcotráfico.
Uno de los ejemplos citados en este informe es el de MILLAN, un comandante de alto rango de la Policía Municipal de Culiacán, presuntamente recibía más de 1600 dólares estadounidenses mensuales de los Chapitos. A manera de pago MILLAN les otorgaba acceso ilimitado a la Policía Municipal de Culiacán y utilizaba a agentes de la fuerza policial para ayudarlos a mantener el control sobre Culiacán, incluso mediante arrestos, secuestros y asesinatos.
Cabe señalar que la acusación también incluye una tabla en la que se desglosan las acusaciones y las penas que podría enfrentar cada implicado que va desde 40 años de prisión hasta la cadena perpétua.