La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que las imputaciones de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya, gobernador morenista de Sinaloa acusado de narcotráfico, son de carácter político, debido a que no se han presentado las pruebas necesarias que acrediten que haya cometido dicho delito.
En caso de que se demuestre que haya incurrido en un ilícito, aseveró la titular del Ejecutivo, México realizará las pesquisas correspondientes y actuará conforme a la ley, sin permitir una violación de su soberanía.
“Es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político”, aseveró la mandataria federal, al dar su postura oficial respecto a este caso.
“Bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o la injerencia de un Gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México”.
Lo anterior, luego de que el mandatario estatal de Sinaloa fue señalado por la Unión Americana, junto a otros nueve funcionarios mexicanos, de narcotráfico y posesión de armas, además de colaborar con “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa comandada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán", de traficar drogas, incluido el fentanilo, rumbo al vecino del norte.
Además de Rocha Moya, otra de las personalidades señaladas por Estados Unidos es Enrique Inzunza, senador de Morena que, pese haber pasado lista ayer en la Cámara Alta, se “esfumó” de su oficina, como documentó un video de Alejandro Páez, reportero de CRÓNICA.
Al respecto, las presidenta cuestionó la veracidad de las pruebas presentadas contra Rubén Rocha.
“Nosotros no protegemos a nadie, tiene que haber pruebas, tiene que haber documentos con base en nuestra legislación, que demuestren la culpabilidad de una persona. Si esas pruebas no están, la pregunta es: ¿Cuál es la motivación?“, reiteró la titular del Ejecutivo.
“Esto no había ocurrido nunca antes, nunca en la historia, que una fiscalía o el Departamento de Justicia de los Estados Unidos pida una orden de extradición de un gobernador en funciones”.
La mandataria federal manifestó que las autoridades de Estados Unidos deben presentar primero las pruebas en contra del gobernador de Sinaloa, así como las otras personas acusadas de narcotráfico.
“Tiene que haber pruebas”, enfatizó.
“No vamos a permitir que ningún gobierno extranjero venga a decidir el futuro del pueblo”.
¿De qué acusan al gobernador de Sinaloa Ruben Rocha Moya en Estados Unidos?
Las acusaciones contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, provienen del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que presentó una acusación formal en una corte federal de Nueva York.
Según estas autoridades, Rocha Moya forma parte de un grupo de funcionarios mexicanos señalados por colaborar con el narcotráfico, en particular con el Cártel de Sinaloa.
Por estas razones, se pide una pena mínima de 40 años o de cadena perpetua contra el mandatario morenista.
De acuerdo con la acusación, el gobernador y otros nueve funcionarios habrían participado en una conspiración para traficar drogas hacia Estados Unidos, incluyendo fentanilo, cocaína, heroína y metanfetaminas.
Estos cargos se enmarcan en delitos federales graves que también incluyen el uso y posesión de armas de alto poder.
Así operó Rocha Moya con otros morenistas para apoyar a “Los Chapitos”, según Estados Unidos
Uno de los puntos centrales del expediente es que los funcionarios presuntamente recibieron sobornos millonarios del crimen organizado a cambio de brindar protección institucional.
Esto habría implicado permitir operaciones del cártel, evitar acciones de las fuerzas de seguridad y facilitar información sensible.
Las autoridades estadounidenses también sostienen que Rocha Moya habría tenido vínculos con la facción conocida como “Los Chapitos”, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Según la acusación, esta organización no solo habría operado con protección estatal, sino que incluso habría influido en el ámbito político local.
Uno de los señalamientos más delicados es que el cártel habría apoyado su campaña electoral en 2021, presuntamente mediante intimidación a adversarios políticos y respaldo financiero.
A cambio, el gobierno estatal habría permitido condiciones favorables para sus actividades ilícitas.
El expediente judicial señala, además, que los acusados habrían contribuido a encubrir actos de violencia, incluidos secuestros y asesinatos, al garantizar impunidad a los grupos criminales.
Esto refuerza la acusación de que no se trataba solo de corrupción pasiva, sino de una colaboración activa con el narcotráfico.
Como parte del proceso, Estados Unidos ha solicitado la extradición de Rocha Moya y otros implicados, aunque el gobierno mexicano ha señalado que no ha recibido pruebas suficientes para sustentar las acusaciones.
Rocha Moya, por su parte, ha rechazado categóricamente todos los señalamientos, calificándolos como falsos y políticamente motivados.