Tras casi un mes de aparente tortuguismo, en el que las autoridades mexicanas se desentendieron al inicio del caso Rocha Moya, la Fiscalía General de la República (FGR) finalmente dio un paso clave en la investigación contra funcionarios sinaloenses señalados por Estados Unidos por presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa.
La dependencia federal confirmó este sábado 23 de mayo que citó a entrevistas ministeriales al gobernador morenista con licencia Rubén Rocha Moya y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios mencionados en las acusaciones presentadas por autoridades estadounidenses.
¿Por qué la FGR citó a Rocha Moya y otros 9 funcionarios sinaloenses?
Las comparecencias forman parte de la carpeta de investigación abierta en México luego de que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusaron a diversos actores políticos de Sinaloa, todos ellos relacionados al partido gobernante, de supuestamente brindar protección institucional y apoyo operativo a integrantes de “Los Chapitos”, facción ligada al tráfico de fentanilo y otras drogas hacia territorio estadounidense.
Rocha Moya fue señalado, en concreto, de narcotráfico y posesión de armas de alto calibre, además de que su campaña electoral en 2021, bajo las siglas de Morena, fue, supuestamente, financiada con dinero del crimen organizado.
La FGR detalló que los implicados fueron llamados en calidad de entrevistados ministeriales, como parte de las diligencias derivadas de la información enviada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y otras agencias federales involucradas en el caso.
Inzunza... de comer con Corral a comparecer ante la FGR
Entre los nombres señalados también se encuentra el senador morenista Enrique Inzunza, quien aseguró públicamente que acudirá al llamado de las autoridades mexicanas y negó tener vínculos con grupos criminales.
El legislador, que la víspera fue exhibido en una comida con su correligionario Javier Corral, también senador por Morena, sostuvo que enfrentará el proceso sin recurrir a mecanismos de protección legislativa.
El caso Sinaloa se destapó a finales de abril, cuando autoridades estadounidenses dieron a conocer acusaciones contra Rocha Moya y otros funcionarios de Sinaloa por presuntos delitos relacionados con delincuencia organizada y narcotráfico.
Las imputaciones lanzadas desde la Unión Americana provocaron tensiones diplomáticas entre ambos países debido a que la Administración de Claudia Sheinbaum rechazó extraditar al gobernador y a los otros acusados debido a que el vecino del norte no aportó las pruebas necesarias.
Tras la polémica, Rocha Moya solicitó licencia temporal al gobierno de Sinaloa, bajo el argumento de que es inocente y que no buscará entorpecer las investigaciones en su contra.
En paralelo, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda mantiene bajo revisión movimientos bancarios y operaciones relacionadas con algunos de los involucrados, con la finalidad de investigar un posible caso de lavado de dinero.
¿Quiénes son los 10 funcionarios citados a declarar por narcotráfico?
Además de Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza, la Fiscalía General de la República, encabezada por Ernestina Godoy Ramos, también llamó a comparecer a otros funcionarios y exfuncionarios vinculados con áreas de seguridad y administración en Sinaloa: entre ellos se encuentra Enrique Díaz Vega, así como Dámaso Castro Saavedra y Marco Antonio Almanza Avilés.
La lista incluye además a Alberto Jorge Contreras Núñez; Gerardo Mérida Sánchez, quien dejó el cargo en 2024; José Antonio Dionisio Hipólito, identificado como exsegundo al mando de la Policía estatal; el alcalde en funciones de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y Juan Valenzuela Millán.
Todos ellos fueron acusados por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, a finales de abril, de tener nexos con el narcotráfico, en concreto, con “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquin “El Chapo” Guzmán.
En otro caso, la Fiscalía también citó este sábado a declarar a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por el operativo que agentes de la CIA realizaron en la entidad, con venia de las autoridades locales, para desmantelar un narcolaboratorio.