La red criminal conocida como «El Caballito» es investigada por lavado de dinero y falsificación de facturas. Dos de sus posibles líderes y seis posibles colaboradores fueron detenidos la semana pasada.
El Fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, de la Fiscalía General de la República (FGR), Ulises Lara López, explicó el modus operandi del grupo delicitivo.
¿Qué es el grupo criminal «El Caballito»?
La organización criminal «El caballito» se encargaba de lavar dinero y emitir facturas falsas. Se estima que habrían lavado más de 12 mil millones de pesos a través de este proceso.
La FGR ya tenía tres años investigando la organización delictiva. El viernes pasado se anunció el desmantelamiento de la red a través de diversos operativos que confiscaron varios inmuebles y decomisaron miles de pesos mexicanos y moneda extranjera.
Maikol ‘N’ y Salvador ‘N’, fueron detenidos como presuntos líderes de la organización. Ambos —junto con los otros presuntos colaboradores Laura Belén ‘N’, Luis ‘N’, Manuel ‘N’, Elda ‘N’, Montserrat ‘N’ y Lilia ‘N’— han sido imputados en Michoacán en conexión con el grupo delictivo. Todos se encuentran en prisión preventiva.
¿Cómo funcionaba red criminal «El Caballito»?
La red operaba principalmente en los estados de Jalisco, Michoacán, Quintana Roo, Sonora y Sinaloa a través de 15 empresas y al menos una organización civil.
De acuerdo a lo que detalló la FGR, las empresas ofrecían servicios de planeación laboral y asesoría a empresas legítimas. El dinero era después inyectado a empresas fantasma que se se distribuía como pago de incentivos para generar actos libres de impuesto sobre la renta.
«Estas personas se acercaban a las empresas, les presentaban, como personas físicas, esquemas de comercialización y mecanismos de evasión fiscal y una vez que ofrecían, con estas empresas, la emisión de facturas hacían las operaciones falsas para justificar. Estaba una vez diseñado los esquemas específicos para darle a sus clientes el servicio correspondiente, constituían las empresas fachadas, hacían las deducciones legítimas por clientes reales y luego los beneficios los distribuían», explicó Lara.
De ser hallados culpables, los miembros de la organización podrían ser sentenciados a 9 años en prisión.