Morena y el progresismo latinoamericano perdieron un aliado tras la derrota del candidato de la izquierda en Colombia, un empresario más cercano a Bukele, Milei y Trump, que su antecesor, Gustavo Petro.
La victoria virtual del ultraderechista Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales de Colombia este 21 de junio se suma a una tendencia que comienza a reconfigurar el mapa político de América Latina.
Y mientras gobiernos de derecha ganan terreno en la región, lo cual deja a Morena con menos aliados en el subcontinente, nuevas acusaciones provenientes de Estados Unidos vuelven a poner presión sobre la llamada Cuarta Transformación y sobre el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Con más del 99 por ciento de las mesas contabilizadas, De la Espriella logró imponerse por un estrecho margen al candidato de izquierda Iván Cepeda, heredero político del presidente saliente Gustavo Petro, lo cual significa un giro significativo hacia posiciones conservadoras y de mano dura en materia de seguridad.
La elección colombiana ocurre en medio del ascenso de liderazgos identificados con la derecha y la ultraderecha, como el presidente argentino Javier Milei y el mandatario salvadoreño Nayib Bukele.
Ergo, la llegada de De la Espriella al poder representa un nuevo revés para los proyectos progresistas en América Latina, que tienen ahora en Brasil y México sus últimos dos grandes bastiones.
“Triunfó a lo grande”, dijo Donald Trump en sus redes sociales tras el triunfo del empresario colombiano.
El exembajador Ken Salazar revive la polémica sobre AMLO y el narcotráfico
Al mismo tiempo que la ultraderecha avanza en América Latina, una revelación del exembajador estadounidense Ken Salazar amenaza con abrir un nuevo frente político para Morena.
De acuerdo con fragmentos de sus memorias difundidos por medios mexicanos, Salazar asegura que un empresario cercano a López Obrador le confesó que el entonces mandatario estaba preocupado por la información que Ismael “El Mayo” Zambada pudiera proporcionar a las autoridades de Estados Unidos tras su captura en 2024.
Según el exdiplomático, AMLO temía que las investigaciones estadounidenses pudieran alcanzar a políticos mexicanos o generar nuevas revelaciones sobre presuntos vínculos entre el crimen organizado y actores de la vida pública nacional.
Dichas declaraciones, por cierto, contrastan con la postura que el propio Salazar sostuvo en 2024, cuando aseguró públicamente que el gobierno de su país, en ese entonces liderado por el demócrata Joe Biden, no mantenía una investigación abierta contra López Obrador por presuntos nexos con el narcotráfico.
¿Cambio de ciclo en América Latina tras derrota de la izquierda en Colombia?
La combinación de una derecha fortalecida en varios países y las crecientes presiones de Washington sobre figuras cercanas a los gobiernos progresistas alimenta la percepción de que América Latina atraviesa un nuevo ciclo político, señaló el periódico británico The Guardian.
En tanto, Colombia se prepara para la llegada de un presidente identificado con posiciones ultraconservadoras, mientras que en México resurgen acusaciones y señalamientos que podrían impactar el ambiente político rumbo a los próximos años, quizá antes, pues es probable que una vez que termine el Mundial 2026, la Casa Blanca recrudezca su ofensiva contra el vecino del sur.
Donald Trump, durante el G7 realizado la semana pasada, embistió nuevamente al Gobierno mexicano, al asegurar que el país es gobernado por los cárteles y que la presidenta Claudia Sheinbaum se halla “asustada”.
Los dichos de Ken Salazar en su próximo libro, si bien no presentan pruebas sobre supuestos nexos entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con el crimen organizado, sí son combustible para la oposición, que ha configurado su estrategia política en afirmar que el país padece un narcogobierno.
La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, pidió este domingo 21 de junio al Gobierno federal entregar a Estados Unidos a Rubén Rocha Moya y sostuvo que la defensa de la soberanía nacional no debe utilizarse como argumento para encubrir presuntos actos de corrupción o vínculos con el crimen organizado.
Aunque rechazó cualquier intervención extranjera en México, afirmó que la administración federal debe actuar ante los señalamientos contra el exgobernador de Sinaloa y advirtió que proteger a funcionarios acusados podría tener consecuencias para la relación bilateral con Estados Unidos y para el futuro del T-MEC.