El primer gobernador de oposición en la historia moderna del país pasó de ser vigilado durante años por la temible Dirección Federal de Seguridad, durante la era hegemónica del PRI, a enfrentar hoy una investigación de la Fiscalía General de la República, que lo señala como presunto líder de una red de contrabando de combustibles con operaciones millonarias entre México y Estados Unidos.
La historia de Ernesto Ruffo Appel, vuelto un decano para el Partido Acción Nacional (PAN) en el ocaso de su vida política, parece, en efecto, cerrar un círculo inesperado: años antes de convertirse en el primer gobernador de oposición en la historia moderna de México, el empresario bajacaliforniano era objeto de vigilancia permanente por parte de la DFS, la policía política del Estado mexicano.
Hoy, 37 años después de aquella transición democrática, acontecida en 1989 y que marcó un parteaguas en el sistema político nacional, Ruffo Appel enfrenta una investigación de la FGR, que lo acusa de encabezar la presunta red de contrabando de combustibles, conocida como huachicol fiscal, más grande detectada hasta ahora en el país.
La Fiscalía encabezada por Ernestina Godoy informó que obtuvo órdenes de aprehensión contra 25 personas y confirmó la detención del exmandatario en Ensenada, Baja California, dentro de una investigación que involucra importaciones irregulares de hidrocarburos desde Texas, operaciones financieras por miles de millones de pesos y un presunto daño fiscal superior a los 4 mil millones de pesos tan sólo durante los primeros meses de 2025.
La institución precisó que Ruffo Appel y los demás involucrados cuentan con la presunción de inocencia mientras se desarrolla el proceso penal.
Los expedientes secretos de la DFS siguieron durante años a Ernesto Ruffo
Mucho antes de ocupar la gubernatura de Baja California, Ernesto Ruffo aparecía de manera constante en los archivos de inteligencia de la Dirección Federal de Seguridad, hoy resguardados por el Archivo General de la Nación (AGN), los cuales fueron consultados por CRÓNICA.
Los documentos muestran que la DFS elaboró fichas personales, reportes de actividades empresariales, seguimientos políticos e informes sobre su participación en organismos económicos del estado.
Uno de los expedientes registra antecedentes de Ruffo desde 1974, cuando era identificado como consejero de Coparmex y empresario ligado a actividades inmobiliarias en Mazatlán.
Otros documentos reportan su integración a organismos empresariales como la Cámara Nacional de la Industria Pesquera de Ensenada, donde figuró como consejero, así como su presidencia del Centro Empresarial de Ensenada, afiliado a Coparmex.
Incluso existe una ficha personal elaborada por los servicios de inteligencia donde aparecen números telefónicos, referencias internas y anotaciones manuscritas utilizadas para el control documental de la corporación.
La familia Ruffo llevaba décadas bajo la lupa de la policía política
La vigilancia no se limitó a Ernesto Ruffo.
Los expedientes consultados en el Archivo General de la Nación muestran que la Dirección Federal de Seguridad también documentó durante años las actividades económicas y políticas de diversos integrantes de la familia Ruffo.
En uno de los reportes, los agentes describen a la familia como uno de los grupos empresariales con mayor influencia en Baja California y señalan que mantenía estrechas relaciones con funcionarios del entonces gobierno territorial.
El informe también refiere que integrantes de la familia viajaban frecuentemente a California y Los Ángeles, donde mantenían propiedades y actividades comerciales, información que era considerada de interés para los servicios de inteligencia durante la Guerra Fría.
Los Ruffo: una de las familias empresariales más influyentes del noroeste
La presencia de los Ruffo en la península de Baja California antecede por mucho la carrera política del exgobernador.
La historiadora Cristina Ortiz Manzo, en su investigación doctoral Historia y familia empresarial en el noroeste mexicano: el caso de la familia Ruffo en La Paz, Baja California Sur (1828-2010), elaborada en El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), documenta que la familia construyó una trayectoria empresarial de casi dos siglos, convirtiéndose en uno de los grupos económicos más importantes del noroeste mexicano.
De acuerdo con la autora, los Ruffo llegaron a Baja California en 1828 y consolidaron una red de negocios vinculada inicialmente al comercio marítimo, la importación de mercancías, la pesca, la tenería, el transporte y posteriormente al desarrollo de supermercados, empresas de abastecimiento y otras actividades estratégicas para la economía regional.
La investigación sostiene que la permanencia de la familia estuvo estrechamente ligada a sus redes empresariales, relaciones sociales y vínculos con distintas etapas del desarrollo económico de la península.
Ortiz Manzo explica que la influencia de la familia Ruffo fue determinante en la configuración económica y social de Baja California durante casi 182 años, al grado de convertirse en uno de los casos más representativos para estudiar la evolución de las familias empresariales del noroeste mexicano.
Del empresario vigilado al símbolo de la transición democrática
La vigilancia de la DFS se intensificó cuando Ernesto Ruffo comenzó a consolidarse como uno de los principales liderazgos del Partido Acción Nacional en Baja California, siendo alcalde de Ensenada antes de dar el salto al Ejecutivo estatal.
Los expedientes registran reuniones, conferencias y reportes políticos relacionados con el entonces candidato panista, cuyo triunfo en 1989 representó la primera derrota electoral del PRI en una gubernatura desde la consolidación del régimen posrevolucionario.
Su victoria fue considerada uno de los episodios que marcaron el inicio de la transición democrática mexicana… aunque no todos pensaron igual, sobre todo los sectores de izquierda.
Una ficha fechada el 11 de julio de 1989, la DFS documentó una conferencia impartida por la politóloga Yolanda Meyenberg Leycegui, entonces profesora de la Preparatoria 6 de la UNAM, quien sostuvo que la victoria del panista estaba “calculada” y respondía a una estrategia del gobierno de Carlos Salinas de Gortari para fortalecer la legitimidad del régimen, más que a una auténtica transición democrática.
La investigación por el presunto huachicol fiscal: ¿de qué se acusa a Ruffo Appel?
Tres décadas después de aquel momento histórico, la Fiscalía General de la República sostiene que Ruffo Appel encabezó una estructura empresarial dedicada al contrabando de combustibles.
Según las pesquisas de la FGR, la organización utilizaba empresas vinculadas con actividades portuarias para importar hidrocarburos desde refinerías de Texas y declaraba ante las aduanas apenas una fracción del combustible realmente transportado.
Las indagatorias señalan que algunos carros tanque reportaban alrededor de 10 mil litros cuando en realidad trasladaban hasta 110 mil litros de combustible.
La Fiscalía estima que únicamente en una primera etapa fueron identificados más de 15.2 millones de litros no declarados y un daño inicial superior a 106 millones de pesos por evasión de IEPS e IVA.
Además, el análisis financiero realizado por la institución calcula que entre enero y julio de 2025 el posible perjuicio para la Hacienda Pública superó los 4 mil millones de pesos, mientras que también fueron detectados movimientos bancarios por más de 3 mil 75 millones de pesos y operaciones cambiarias superiores a mil 386 millones de dólares mediante aproximadamente 80 cuentas bancarias, presuntamente utilizadas para ocultar el origen de los recursos.
El último clavo en el ataúd del periodo de la transición democrática
La detención del exgobernador provocó la inmediata reacción, más no una avalancha, de una oposición partidista en mínimos históricos, con fuerzas reducidas, así como de Somos México, que recién obtuvo este año el registro por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) y que se define a sí mismo como un partido progresista.
El PAN, casa política durante décadas de Ruffo Appel, pidió que se respete el debido proceso y la presunción de inocencia de su militantes, al tiempo que exigió que las autoridades actúen con el mismo rigor frente a los señalamientos que pesan sobre gobernadores emanados de Morena, como Marina del Pilar y Rubén Rocha Moya.
La caída de Ruffo Appel se puede considerar el último clavo en el llamado régimen de la transición, un periodo en la historia contemporánea de México que se basó en la alternancia partidista y los consensos construidos entre los principales partidos de finales del Siglo XX y principios del actual: el PRI, el PAN y el PRD.
Tras el ascenso de Morena en 2018, esos tres partidos fueron borrados del mapa político, llevando al último, al del sol azteca, a la extinción, junto a otros organismos considerados como parte del régimen de la transición: el INAI y otros autónomos.