La investigación que llevó a la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, no se centra únicamente en el exmandatario panista.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el caso involucra a una presunta estructura integrada por empresarios, representantes de compañías y operadores relacionados con el contrabando de combustibles, una red que la institución ha calificado como la mayor investigación por huachicol fiscal desarrollada hasta ahora en México.
Durante la presentación del caso, la FGR informó que la indagatoria contempla 25 objetivos de investigación, de los cuales cinco personas fueron detenidas en una primera fase, mientras continúan las diligencias para ejecutar otras órdenes de aprehensión y ampliar las pesquisas.
La investigación apunta a una estructura, no sólo a Ruffo Appel
Según la Fiscalía, la organización habría operado mediante un esquema de importación de combustibles con documentación presuntamente alterada para evadir el pago de impuestos y comercializar hidrocarburos en territorio nacional.
La autoridad sostiene que la red utilizó empresas privadas para introducir combustible al país bajo clasificaciones distintas a las reales, lo que permitió reducir cargas fiscales y obtener ganancias millonarias.
La FGR ha señalado que las investigaciones no concluyen con las detenciones ya realizadas, pues existen más personas bajo investigación por su posible participación en la operación financiera, logística y administrativa del esquema.
¿Quiénes son los detenidos por el caso Ruffo Appel?
Entre los detenidos se encuentra Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, a quien la Fiscalía identifica como uno de los presuntos participantes en la estructura investigada.
Otro de los nombres mencionados por las autoridades es Ricardo Thompson Navarro, identificado por la FGR como socio de la empresa Ingemar, firma que aparece en el centro de la investigación por su presunta participación en operaciones relacionadas con la importación de combustibles.
Hasta el momento, la Fiscalía no ha difundido de manera oficial el nombre y la función específica del resto de las personas detenidas, por lo que la información pública sobre su identidad permanece limitada mientras avanza el proceso judicial.
El papel que atribuye la FGR a los investigados
De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, los integrantes de la organización habrían desempeñado funciones distintas dentro del esquema, desde la constitución y administración de empresas hasta la logística para la importación y comercialización de combustibles.
La autoridad sostiene que algunas personas participaron como accionistas o representantes legales de compañías involucradas, mientras que otras habrían intervenido en operaciones administrativas y financieras necesarias para concretar el ingreso del combustible al país.
Las imputaciones forman parte de la teoría del caso presentada por la FGR y deberán ser analizadas por un juez durante las distintas etapas del proceso penal.
Ingemar, una empresa clave en la investigación
Uno de los ejes de la investigación es la empresa Ingemar, señalada por la Fiscalía como una de las sociedades utilizadas para realizar operaciones de importación de combustibles.
Según la FGR, desde esa estructura se habrían realizado movimientos comerciales que permitieron introducir hidrocarburos utilizando documentación presuntamente falsa o clasificaciones distintas a las correspondientes, con el objetivo de disminuir el pago de impuestos.
Las autoridades continúan revisando contratos, operaciones financieras y documentación relacionada con las empresas involucradas para determinar el alcance de la presunta red.
Caso Ruffo Appel: la investigación continúa
La FGR sostiene que el caso permanece abierto y que las diligencias continúan para ubicar al resto de las personas consideradas objetivos de investigación.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que corresponderá a los tribunales determinar la responsabilidad de los imputados y adelantó que podrían registrarse nuevas detenciones conforme avance la integración del expediente.
Las personas señaladas en la investigación, en tanto, conservan la presunción de inocencia y será el Poder Judicial el encargado de resolver su situación jurídica conforme se desarrollen las audiencias.