El exgobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, fue vinculado a proceso por una jueza federal, quien además ratificó la medida de prisión preventiva en su contra y la de otros siete acusados por su presunta participación en una red dedicada al huachicol fiscal.
La resolución fue emitida tras una audiencia maratónica que se prolongó durante varias horas. La jueza Alejandra Ramírez de la Vega determinó que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó elementos suficientes para iniciar el proceso penal por los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible.
Junto con Ruffo Appel permanecerán internos en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, Ricardo Thompson Navarro, Juan Hermilo Chávez Rodríguez, José Merino Valdés Cuervo y Luis Antonio Barrientos Juárez, entre otros implicados.
En tanto, José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales enfrentarán el proceso bajo prisión domiciliaria, mientras que Adriana Magali Bárcenas Guillén permanecerá recluida en el Centro de Reinserción Social de Nezahualcóyotl, en el Estado de México.
¿De qué se acusa a Ernesto Ruffo Appel?
La investigación de la FGR señala a los imputados por su presunta participación en una estructura dedicada al llamado huachicol fiscal, un esquema que consiste en introducir, comercializar o declarar de manera irregular combustibles para evadir el pago de impuestos y otras obligaciones fiscales, generando pérdidas millonarias para el erario.
La vinculación a proceso no representa una sentencia de culpabilidad, sino que permite que continúe la investigación judicial mientras los acusados enfrentan las medidas cautelares determinadas por la autoridad.
¿Qué sigue en el caso del Ruffo Appel?
Con esta resolución, la FGR continuará el desarrollo de la investigación complementaria para fortalecer las acusaciones y, en su momento, buscar que el caso avance hacia la etapa de juicio.
La defensa de los imputados aún podrá promover los recursos legales correspondientes para impugnar las medidas cautelares o la propia vinculación a proceso, mientras el proceso penal sigue su curso ante las autoridades federales.