El caso del profesor Alberto Israel Jasso Cruz, docente del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) de la Ciudad de México, continúa generando nuevos pronunciamientos y debates públicos. Hace apenas unos días un grupo de alumnos y padres de familia se manifestó en favor del fallecido para que se haga justicia en su caso y se cree la “Ley Jasso”. Sin embargo, la organización Tejiendo Redes Infancia exhortó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) a investigar la presunta violencia digital ejercida contra la adolescente que presentó la denuncia por presunto abuso sexual, al considerar que la difusión de información que permitiría identificarla representa una posible vulneración de sus derechos y de su privacidad de datos personales.
En un posicionamiento público, la organización especializada en derechos digitales de niñas, niños y adolescentes sostuvo que, tras la circulación del video grabado por el profesor antes de su fallecimiento, se desencadenó una ola de hostigamiento y hate en redes sociales que derivó en la difusión de datos personales, escolares e información privada relacionada con la estudiante.
Para Tejiendo Redes Infancia, esta situación es preocupante por la seguridad de la alumna. En este sentido, su iniciativa busca garantizar la protección de las víctimas menores de edad en un contexto donde la información puede viralizarse en cuestión de minutos y permanecer disponible de manera indefinida en internet.
¿Cuál fue la petición de Tejiendo Redes Infancia a la Fiscalía de CDMX?
En su pronunciamiento, la organización solicitó a la FGJCDMX abrir una línea de investigación específica sobre la posible violencia digital derivada de la difusión del video y del contenido que comenzó a circular posteriormente en distintas plataformas.
Asimismo, pidió preservar la evidencia digital y determinar si existió una estrategia coordinada para amplificar contenido que expusiera a la adolescente o favoreciera campañas de hostigamiento en su contra.
La organización señaló que acudir a las autoridades para denunciar un posible delito no debe convertirse en un motivo para sufrir exposición pública, amenazas, campañas de desprestigio o culpabilización.
“Acudir a las autoridades no puede convertirse en motivo de castigo, exposición pública, hostigamiento o culpabilización”, expresó la organización en el documento difundido públicamente.
¿Cuál es el posicionamiento de Tejiendo Redes Infancia ante el caso de Alberto Israel Jasso?
Uno de los principales mensajes del posicionamiento fue rechazar la idea de que proteger a una víctima implique vulnerar los derechos de la persona denunciada.
Tejiendo Redes Infancia enfatizó que medidas como resguardar la identidad de una adolescente, brindar acompañamiento psicológico, proteger la confidencialidad del expediente o adoptar acciones preventivas durante una investigación no representan una declaración anticipada de culpabilidad.
Por el contrario, explicó que estas medidas forman parte de las obligaciones institucionales para evitar daños adicionales mientras las autoridades esclarecen los hechos conforme al debido proceso.
En ese sentido, la organización recordó que la muerte del profesor Alberto Israel Jasso Cruz no modifica, por sí sola, el deber de las autoridades de investigar los hechos denunciados ni determina el resultado jurídico de las investigaciones abiertas.
¿Cuál es el marco legal ante un caso como este?
El posicionamiento también hace referencia al marco jurídico vigente para la protección de niñas, niños y adolescentes.
De acuerdo con Tejiendo Redes Infancia, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en sus artículos 76 al 79, establece que no debe difundirse información que permita identificar a una persona menor de edad cuando ello pueda afectar su imagen, dignidad, seguridad, reputación o desarrollo integral.
La organización subrayó que estas obligaciones alcanzan tanto a autoridades como a medios de comunicación, plataformas digitales, creadores de contenido y usuarios de redes sociales, quienes tienen la responsabilidad de evitar prácticas que puedan derivar en revictimización.
"Ninguna niña o adolescente debería aprender que denunciar una posible agresión puede colocar su nombre, su historia clínica, su escuela y su seguridad en manos de miles de personas desconocidas“, concluye la organización.