La incertidumbre por lo que pasará con los lugares de ingreso a la UNAM continúa. Luego de que se recomendara aplicar un examen de control para definir qué aspirantes podrán ingresar, entre algunos de los jóvenes seleccionados comenzó a surgir la posibilidad de recurrir a un amparo para intentar conservar el lugar que obtuvieron originalmente.
Les comparto que estoy preparando un amparo colectivo contra la resolución de la @UNAM_MX que obliga a 58 mil aspirantes a presentar un nuevo "examen control".
— DxnixlRxbrxck (@DRxbrxck) July 31, 2026
Creo que hay argumentos constitucionales muy interesantes. pic.twitter.com/O4RuvZWSmk
En redes sociales ya circulan propuestas para organizar recursos legales de manera colectiva contra la medida, principalmente entre quienes consideran que volver a presentar un examen podría poner en riesgo un resultado que la propia Universidad consideró como favorable.
¿Los aspirantes pueden ampararse contra el examen de control?
La posibilidad de recurrir al amparo ya había comenzado a discutirse desde que la UNAM suspendió provisionalmente las inscripciones de primer ingreso mientras revisaba las irregularidades detectadas en el Concurso de Selección 2026.
Especialistas habían señalado que esta vía legal podría ser una opción en caso de que la Universidad modificara o retirara el lugar de una persona previamente seleccionada, particularmente si no existían elementos para demostrar que incurrió en alguna irregularidad durante la evaluación.
Ahora, la recomendación de aplicar un examen de control ha reavivado esta posibilidad. La propuesta establece que quienes ya habían sido seleccionados deberán presentar una nueva evaluación presencial y que los lugares se asignarán a partir del resultado obtenido en ella.
¿Qué buscaría un amparo contra la UNAM?
De manera general, un recurso de este tipo buscaría que un juez revise si la decisión de exigir un nuevo examen afecta los derechos de quienes ya habían obtenido un resultado favorable.
Entre los aspectos que podrían entrar en discusión se encuentran la seguridad jurídica, el debido proceso y el derecho a la educación, especialmente en los casos de aspirantes que fueron seleccionados originalmente y sobre quienes no existe un señalamiento individual de haber cometido alguna irregularidad.
También podría solicitarse una suspensión para intentar evitar que una eventual medida de la Universidad afecte al aspirante mientras el juicio se resuelve. Sin embargo, correspondería a un juez determinar si el recurso procede y qué efectos tendría en cada caso.
La Comisión Técnica recomendó realizar la evaluación presencial como mecanismo para verificar los resultados del proceso de admisión 2026 y determinar finalmente la asignación de lugares. Será a partir de las decisiones que adopte la UNAM y de las posibles acciones legales de los aspirantes cuando se conozca el alcance que podría tener este nuevo frente.