En los años 70, el Nacional Monte de Piedad estuvo bajo la lupa de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) por un esquema en el que ejecutivos y personas vinculadas con esta institución de beneficencia fueron señalados por adquirir objetos robados para después introducirlos y comercializarlos a través de la propia empresa.
Documentos de inteligencia de 1972, consultados por LA CRÓNICA DE HOY en el Archivo General de la Nación, describen operaciones en las que prendas y otros bienes de procedencia ilícita habrían terminado dentro de la institución.
Más de cinco décadas después, en plena huelga de 2026 y con las sucursales cerradas, algunos clientes temen que la historia pueda repetirse. “Si el Monte de Piedad no tiene acceso a las bóvedas, necesitamos que nos diga si anda vendiendo nuestras prendas porque ya hay antecedentes”, cuestionó Aída Rico, una de las miles de afectadas, al expresar su preocupación por el destino de las joyas y demás bienes que permanecen bajo resguardo, en tanto los usuarios ni los propios ejecutivos del organismo pueden acceder normalmente a sus prendas.
“Si no tienen acceso a las bóvedas, que nos digan si están vendiendo nuestras prendas”: clientes preguntan al Monte de Piedad
La incertidumbre de los clientes del Monte de Piedad no se limita a cuándo podrán recuperar sus pertenencias, mientras continúa la huelga y las sucursales, cada vez más abandonadas, permanecen cerradas: ahora usuarios comienzan a preguntarse qué ocurre con las prendas, que permanecen bajo resguardo, y quién tiene actualmente acceso a las bóvedas.
Lo anterior luego de que la propia institución reconoció en sus redes sociales que ni ellos mismos tienen acceso a las bóvedas que resguardan los bienes, en medio del conflicto que el próximo octubre, es decir, en menos de dos meses, cumplirá un año de haber empezado.
Aída Rico, una de las clientas que ha dado su testimonio a LA CRÓNICA DE HOY, explicó que la proximidad de un año del conflicto laboral la llevó a revisar las condiciones establecidas en las boletas de empeño y, particularmente, qué garantías existen sobre la seguridad de sus pertenencias.
“Desde ayer he querido leer el disque contrato que viene atrás de las boletas y tenía la intención de mandarte una de esas boletas”, relató.
Rico explicó que hasta ahora no había pensado en la posibilidad de que las joyas pudieran ser vendidas durante el conflicto, precisamente porque la institución ha insistido en la seguridad de las prendas.
“No había pensado en que pudieran vender las joyas, porque supuestamente siempre manejan ese eslogan de que las prendas están seguras. Pero hoy reaccioné: ya casi se cumple el año y me vino a la mente precisamente el tema de la seguridad de las prendas. Por eso quise leer el contrato y ver qué dice al respecto”, explicó.
En otra conversación con este diario, Rico planteó una pregunta todavía más directa: “Si el Monte de Piedad no tiene acceso a las bóvedas, necesitamos que nos diga si anda vendiendo nuestras prendas porque ya hay antecedentes”.
El señalamiento de la clienta no constituye evidencia de que actualmente el Nacional Monte de Piedad esté vendiendo de manera irregular las prendas de sus usuarios.
Su preocupación surge ante la duración del conflicto y la incertidumbre sobre el manejo de los bienes mientras los clientes no pueden acudir normalmente a las sucursales.
Un antecedente que investigó la DFS sobre el Monte de Piedad
La pregunta de Rico tiene, sin embargo, un antecedente histórico documentado que resulta relevante para entender por qué la seguridad y el destino de las prendas pueden convertirse en un asunto de interés público.
Documentos de la entonces Dirección Federal de Seguridad (DFS), fechados en mayo de 1972 y consultados por LA CRÓNICA DE HOY, contienen informes de inteligencia sobre personas relacionadas con el Nacional Monte de Piedad y una presunta operación mediante la cual objetos robados eran adquiridos para posteriormente ser introducidos a la institución.
Uno de los documentos, fechado el 16 de mayo de 1972, identifica a Juan Chirino Medina como “Consejero y Visitador General del Nacional Monte de Piedad”.
El informe lo señala como presunto comprador de objetos robados y sostiene que proporcionaba dinero a un comprador para adquirir bienes sustraídos y posteriormente introducirlos al Monte de Piedad.
El mismo documento señala que Chirino Medina era propietario de un bazar ubicado junto a la sucursal número 4 del Monte de Piedad, en la zona de Netzahualcóyotl y Bolívar, en el Centro Histórico de la capital mexicana.
Otro informe, fechado el 12 de mayo de 1972, identifica a Pablo Gaspar Chirino Castillo como jefe de Ventas y gerente de la Casa Matriz del Monte de Piedad. El documento refiere una relación directa con su padre, Juan Chirino Medina, en operaciones de compraventa de mercancías y objetos muebles e inmuebles, de acuerdo con información atribuida a “coyotes” y personal de la institución.
La documentación también contiene una ficha sobre Roberto Castillo Chirino, quien había ingresado al Monte de Piedad en 1944 como mozo y posteriormente ocupó cargos dentro de la institución, entre ellos inspector del Departamento de Contraloría y Oficial de Libros, antes de desempeñarse como gerente de una sucursal.
Uno de los informes es particularmente explícito al describir la presunta mecánica: la DFS señala que Juan Chirino Medina, al que identifica como “comprador de chueco”, proporcionaba dinero para adquirir objetos robados y posteriormente introducirlos al Monte de Piedad. El documento menciona además a una funcionaria encargada de los movimientos bancarios de la institución como persona que supuestamente podía comprobar los movimientos de dinero referidos.
Los documentos se tratan de informes de inteligencia elaborados por la DFS en 1972 y no de sentencias judiciales, por lo que su contenido demuestra que esas acusaciones fueron investigadas y registradas por la autoridad, pero no permite afirmar por sí mismo que las personas señaladas hayan sido condenadas por esos hechos.
El antecedente, sin embargo, resulta relevante, dado que hace más de medio siglo ya existía una investigación federal relacionada con el ingreso de bienes presuntamente robados al circuito del Monte de Piedad.
Los cuestionamientos que rodean a Arturo Zayún
La preocupación actual de los clientes acontece, además, en un contexto de cuestionamientos públicos alrededor de Arturo Zayún González, líder del sindicato del Nacional Monte de Piedad.
Una investigación de XPECTRO FM publicada en noviembre de 2025 y retomada por Forbes México señaló que Zayún y sus hermanos Roberto y Gustavo estarían vinculados con al menos 17 propiedades en San Luis Potosí y Quintana Roo, con un valor conjunto superior a 300 millones de pesos. La investigación se presentó a partir de registros públicos, documentos notariales e información fiscal.
Forbes reportó que, de acuerdo con esa investigación, seis propiedades registradas directamente a nombre de Arturo Zayún tenían un valor declarado de alrededor de 13 millones de pesos, mientras que la investigación estimaba su valor en poco más de 70 millones de pesos.
También se señalaron operaciones pagadas de contado, diferencias entre valores declarados y estimaciones de mercado y adquisiciones realizadas a lo largo de los años.
La investigación periodística también señaló negocios familiares relacionados con la compraventa de oro y planteó interrogantes sobre el origen de los recursos utilizados para algunas operaciones inmobiliarias. Forbes presentó estos señalamientos como parte de una investigación de XPECTRO FM, no como una determinación judicial.
El propio contexto patrimonial de Zayún amerita, por tanto, un escrutinio independiente: cómo se formó ese patrimonio, cuál es el origen documentado de los recursos, qué ingresos tuvo el dirigente durante los años en que adquirió los inmuebles y si existe alguna relación comprobable entre esos recursos y la administración sindical.
El antecedente de los Chirino puede abonar a esa discusión.
La mafia de los Chirino... ¿siguen operando?
En el expediente de la DFS aparece Pablo Gaspar Chirino Castillo, entonces jefe de Ventas y gerente de la Casa Matriz del Monte de Piedad, y se describe su relación con su padre, Juan Chirino Medina, quien es señalado en otro informe por presuntamente financiar la adquisición de objetos robados para introducirlos posteriormente al Monte.
La propia documentación de la DFS establece que Juan Chirino Medina era padre de Joel Chirino Castillo.
“PADRE DEL LIC. JOEL CHIRINO CASTILLO, Patrono-Presidente del Nal. Monte de Piedad”, aseveran los documentos de la DFS.
Hoy, un Joel Chirino Castillo ocupa la Notaría 90 de la Ciudad de México y tiene una trayectoria académica en la UNAM de más de 50 años, según el Colegio de Notarios.
La propia UNAM registra que tiene 57 años de antigüedad académica, esprofesor definitivo de la Facultad de Derecho y tiene como máximo grado académico el doctorado.
La pregunta que el Monte de Piedad debe responder
El punto central para los clientes, como Aída Rico, consiste en las siguientes preguntas, compartidas a LA CRÓNICA DE HOY: ¿qué controles existen actualmente para garantizar que las prendas depositadas en el Monte de Piedad permanecen bajo resguardo mientras las sucursales están cerradas?
Las preguntas son concretas: ¿cuántas prendas permanecen actualmente en las bóvedas?, ¿cuántas han sido comercializadas desde el inicio de la huelga?, ¿bajo qué procedimiento?, ¿qué clientes fueron notificados?, ¿quién tiene autorización para ingresar a las bóvedas?, ¿quién supervisa esos accesos y quién audita las operaciones?
La institución ha sostenido que las prendas de los usuarios permanecen protegidas y aseguradas. Pero después de meses de conflicto, los clientes reclaman algo más que una afirmación general: quieren conocer qué mecanismos concretos permiten comprobar que sus bienes continúan ahí.
Para Aída Rico, la inquietud comenzó al volver a leer las condiciones impresas en las boletas y pensar en el tiempo que ha transcurrido desde el inicio de la huelga.
“No había pensado en que pudieran vender las joyas, porque supuestamente siempre manejan ese eslogan de que las prendas están seguras. Pero hoy reaccioné: ya casi se cumple el año”, aseveró a LA CRÓNICA DE HOY.
La documentación de la DFS arroja que la preocupación por el manejo irregular de bienes dentro del Monte de Piedad no es completamente inédita en la historia de la institución, pues el propio Gobierno identificó una red de corrupción al interior de la misma hace medio siglo.
Ahora, como señala la propia Aída Rico, una de las miles de clientes afectadas, corresponde al Monte de Piedad responder con información verificable: quién tiene acceso a las bóvedas, cuántas prendas siguen bajo resguardo, cuántas han sido vendidas durante la huelga y qué controles existen para garantizar que ninguna pertenencia de los usuarios sea dispuesta fuera de los procedimientos establecidos.