Al menos 8 de las principales reformas que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador ponen en riesgo la competitividad de México, demandarían cambios institucionales profundos que deben incluir una reforma fiscal que permitiera financiar -especialmente- la modificación al sistema de pensiones, sin contar que para esta esta iniciativa se destinarían recursos en detrimento de otros rubros sensibles para la población en general.

Además se aumentarían recursos a programas como el de Construyendo el Futuro cuya efectividad para contribuir a la inclusión laboral de los jóvenes no ha sido medida ni comprobada y se eliminarían órganos con lo cual se incumpliría con el T-MEC y hay riesgo de demandas o incluso cancelación de ese acuerdo comercial.

Así lo establece el IMCO quien advierte que este paquete de reformas de AMLO que incluye la de la CFE, “enviarían un mensaje de incertidumbre jurídica que no solo se limitaría a las inversiones directamente afectadas, sino que se reflejaría en toda la economía nacional como un mensaje de que el Estado mexicano no tiene un compromiso creíble con el estado de derecho”.

El IMCO analizó algunas de las implicaciones sociales, económicas e institucionales para ocho de las reformas planteadas: la de pensiones, la de salario mínimo, la de educación y empleo, la que desaparece a los órganos autónomos, la del poder judicial, la político-electoral, y las referentes al agua y la energía eléctrica.

De entrada en la de pensiones que se perfila con más posibilidades de ser aprobada luego de que la oposición manifestó su disposición a analizarla, el IMCO advierte que es “una propuesta fiscalmente cuestionable” que en caso de ser aprobada, responsabilizará al Estado mexicano de un pasivo que se incrementará a medida que aumente la población de 65 años y más en el país.

Esta población se prevé que se duplique en los siguientes 26 años, de 11.4 millones en 2024 a 24.9 millones en 2050.

El IMCO advierte que este compromiso financiero se adquiriría en un momento en el que las pensiones ya constituyen una parte significativa y creciente del gasto del sector público federal (22% del total, incluyendo las Pensiones para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores), por lo que un incremento adicional limitaría aún más la capacidad del Estado para proveer bienes y servicios, en detrimento de distintos sectores de la población y de la competitividad del país.

La reforma plantea de pensiones establece la obligación del Estado mexicano de garantizar que la pensión que reciban los trabajadores sea igual a su último salario base de cotización, hasta por un monto equivalente al salario promedio de los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social –IMSS– (16,777.68 pesos).

Para financiar este compromiso, la Secretaría de Hacienda constituirá un Fondo de Pensiones para el Bienestar, el cual se integrará con aportaciones del Gobierno Federal provenientes de distintas fuentes, entre ellas: un porcentaje de los ingresos que obtenga el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado; los recursos que se obtengan por la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial.

Asimismo los recursos financieros y economías que se generen con la eliminación de órganos autónomos; y los recursos de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez de los trabajadores del IMSS y de la subcuenta de vivienda del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) a los 10 años de ser exigibles (aunque se garantiza el derecho de los trabajadores a reclamarlos).