En los más de cinco años de la actual administración federal más de 20,000 indígenas de 30 municipios de los 124 municipios de Chiapas se han visto obligados a dejar sus hogares por extorsiones y amenazas de grupos del crimen organizado, denuncian organizaciones civiles a través de un informe.

El estudio titulado “Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los derechos humanos. Informe de organizaciones de la sociedad civil sobre la violencia en la región frontera de Chiapas”, destaca que en los últimos 32 meses, desde junio del 2021 a la fecha (13 febrero 2024), más de 10,000 personas se han visto obligadas a dejar sus hogares en varias comunidades de Chiapas ante las amenazas y actos de violencia provocadas por grupos del crimen organizado que se disputan varias regiones del estado al ser un punto obligado para el trasiego de drogas hacia países de Centro y Sudamérica, además de que al ser cruce de caravanas migrantes son blanco perfecto para el tráfico de personas.

El reporte subraya que existe una grave crisis humanitaria en Chiapas, dado al abandono de las autoridades que no han logrado establecer una estrategia para proteger a habitantes de decenas de comunidades que han sido expulsadas por grupos del narcotráfico.

El reporte elaborado por El Colectivo de Monitoreo -Frontera Sur, la Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género Guatemala- México (MTMG) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos ‘Todos los Derechos para Todos, Todas y Todes’ (Red TDT), subraya que la grave situación que enfrentan habitantes, en su mayoría de comunidades indígenas, deriva en que han preferido dejar sus hogares y sus pocas pertenencias antes que trabajar para grupos delictivos que los quieren obligar a hacer labores de halconeo y trasiego de enervantes de una comunidad a otra.

El informe destaca que “esta violencia se refleja en la crisis de desplazamiento forzado interno que desde junio de 2021 a la fecha ha generado que más de 10.000 personas huyan de sus hogares para salvar su vida”.

El reporte refiere que las comunidades afectadas por los grupos del crimen organizado perciben cierta complicidad entre las instituciones y los grupos delincuenciales, lo que alimenta el ambiente de desconfianza e inseguridad, aunado al reclutamiento forzado o extorsiones, la explotación sexual de mujeres y la vulnerabilidad a la que se enfrentan las infancias.

“Esta alarmante realidad forma parte de un contexto de pocas oportunidades económicas y pobreza; fenómenos como las ejecuciones, desapariciones, tortura, amenazas y desplazamiento forzado interno mantienen la población de la frontera del estado de Chiapas en una alerta permanente que se complejiza cada vez más”, señalaron.

De acuerdo con organizaciones, más de 20,000 personas se encuentran desplazadas forzadamente de unos 30 municipios indígenas de Chiapas debido a la violencia por grupos armados que buscan controlar estos territorios. En los últimos años, las comunidades indígenas de Chiapas han advertido un aumento en la violencia e inseguridad en el estado