Con la crisis del agua que cada día se agrava más, está en juego la estabilidad social, el desarrollo económico en México y, desde luego, la sobrevivencia de animales, plantas y de los seres humanos, advirtió la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) quien demandó cambios legislativos entre ellos una nueva Ley de Aguas Nacionales pues la actual ya no responde a las necesidades actuales en materia hídrica.

“La agenda del agua debe ser abordada como riesgo a la seguridad nacional”, demandó

De acuerdo con el INEGI, los usos que le damos al agua en México son: 76% agricultura, 14% abastecimiento público urbano, 5% industria y 5% generación de energía eléctrica.

Nuestro país ocupa el cuarto lugar mundial con mayor extracción de agua del subsuelo, sólo después de China, Estados Unidos e Indonesia.

En el país la disponibilidad promedio anual per cápita pasó de 10 mil metros cúbicos (m3) en 1960 a 4 mil en 2012. Se estima que para 2030, esta disponibilidad descienda debajo de los 3 mil m3 por habitante al año, según datos del Banco Mundial,

VISION CORTA

En este contexto, el organismo empresarial acusó una visión corta del gobierno para enfrentar la crisis del agua e incluso calificó como una “grave omisión” que dentro del paquete de 20 propuestas de reformas presentadas por el presidente Andrés Manuel López obrador el tema del agua se aborde de manera superficial pues la reforma planteada “no resuelve en absoluto el problema”.

“ Este tema debe ser una máxima prioridad para el Estado mexicano, y no puede estar sujeta a condiciones partidistas ni electorales. La agenda del agua debe ser abordada como riesgo a la seguridad nacional”, exigió

La Coparmex advirtió que uno de los más graves problemas que enfrentamos es la visión de corto plazo que, además, privilegia lo político por encima de lo técnico, con la que se ha pretendido abordar el tema.

Como ejemplo –dijo—la actual administración encabezada por López Obrador diseñó un Programa Nacional Hídrico pensando únicamente en el periodo 2020-2024.

Por ello consideró urgente una Ley General de Aguas que sea una plataforma con visión de largo plazo para emprender los cambios de fondo que requiere el país pues recordó que llevamos al menos 5 años esperando esa ley.

“Es momento de que el Congreso de la Unión haga lo que le toca. La ley debe cambiar los incentivos perversos que hoy propician el desperdicio y mal uso. (…) Además, debe ser una ley con sanciones ejemplares”, estableció

El organismo explicó que la falta de fiscalización y la piratería o “huachicoleo” del agua han agravado esta crisis.

Detalló que un gran número de títulos de concesión para pozos cuyo destino era el uso agrícola y derivado del crecimiento urbano, han quedado dentro de las manchas urbanas de las ciudades; sin embargo, por falta de capacidad de fiscalización de la CONAGUA, siguen en uso de forma irregular por no decir ilegal, y son fuente de abasto “pirata” al mercado de agua que es muy difícil de controlar en su uso y en las respectivas descargas.

Se estima que, en la presente década, la población nacional se incrementará en más de 11 millones de personas y la mitad de ellas se registrará en zonas urbanas donde las regiones hídricas están sobreexplotadas.

Asimismo aseveró que la mayoría de los organismos operadores de agua son poco eficientes al ser usados con fines políticos e intereses de grupo por encima del bien común.

“No tienen una visión estratégica de largo plazo, tampoco cuentan con planes técnicos bien implementados, no miden el consumo de agua a todos los usuarios, no cobran el servicio de manera integral; tampoco se fiscalizan adecuadamente las tomas clandestinas, por lo que al final, no recaudan recursos suficientes para poder operar”, dijo

Sin dinero—agregó-, no se invierte en renovación de la red, en tecnología para mejorar la eficiencia física y comercial y, por supuesto, no hay fortalecimiento del equipo técnico con un plan de vida y carrera de largo plazo.