La comunidad de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hacer ejercicio de sus facultades constitucionales para resolver el conflicto que ha paralizado durante más de seis meses las actividades académicas de la institución; toda vez que, además de debilitar la imagen del Poder Judicial, se violan los derechos fundamentales de más de 10 mil alumnos y de la plantilla laboral.

Mediante una carta dirigida al ministro presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, estudiantes, académicos y padres de familia de la UDLAP recordaron que, desde el pasado 29 de junio, cuerpos policiacos mantienen cerrado el campus de la universidad, con lo que se ha puesto en riesgo tanto el acceso a la educación de miles de jóvenes como el sustento de trabajadores y hasta de comerciantes de las comunidades aledañas a la universidad.

“Los sucesos que se han venido dando desde el pasado 29 de junio, fecha en que los cuerpos policiacos tomaron por la fuerza el campus de nuestra universidad, ponen en riesgo sobre todo al Estado de Derecho en nuestro país; además de que debilitan la imagen de un Poder Judicial que bajo su presidencia ha manifestado su autonomía e independencia respecto a los otros Poderes de la Unión y, a la vez, ha privilegiado una lucha constante contra la corrupción de jueces y magistrados”, se lee en la misiva.

El texto hace referencia a lo sucedido con el Poder Judicial del estado de Puebla, “que para mantener cerrado el campus de la UDLAP ha violado e ignorado diversas órdenes, suspensiones y exhortos judiciales de carácter local y federal; todos ellos con resultados favorables para la comunidad universitaria y exigiendo sobre todo la liberación y restitución del campus universitario a sus administradores legítimos”.

Señala además que la Comunidad UDLAP y sus representantes legales “han ganado por la vía del derecho todos y cada uno de los recursos necesarios para que la normalidad retorne a la universidad; pero esto no ha sucedido, por lo que nos queda claro que nos enfrentamos no sólo a un tema de voluntad política, sino a una violación flagrante al orden jurídico, a la justicia y, principalmente, a los derechos de estudiantes y trabajadores”.