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Al dar a conocer la propuesta de solicitud de un incremento de 4 por ciento en el presupuesto público del Poder Judicial, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Norma Piña, lanzó un mensaje a la Cámara de Diputados -responsable de asignar los recursos- de que un recorte al monto que se pide (poco menos de 90 mil millones de pesos) impactará en garantizar el acceso a la justicia de los más vulnerables, y resaltó que 2024 será un año con muchos asuntos que resolver porque México vivirá un periodo electoral histórico, con más de 20 mil cargos a elegir.
La ministra presidenta informó que, derivado del incremento continuo en la demanda de justicia federal de los últimos cinco años, en el 2024 se habrá de resolver 1.3 millones de casos nuevos, además de que se requerirá la creación de 45 órganos jurisdiccionales más para la implementación del modelo de justicia laboral.
Y advirtió: "La consecuencia directa de asfixiar a través de un recorte presupuestal al Poder Judicial Federal es colocar, inmediatamente, a los más vulnerables en una condición de aún mayor desventaja para acceder a sus derechos. Desde el Poder Judicial Federal asumimos la gran responsabilidad que tenemos de cara a la sociedad en cada sentencia, de cada acto que repercute en la vida de las personas. Sin embargo, nuestra actuación —como cualquier función pública— está directamente condicionada por la suficiencia presupuestal".
Norma Lucía Piña manifestó en sesión solemne del pasado lunes que el acceso real y efectivo de los mexicanos a la justicia no debe ser negociable. "Esto no lo digo yo, se desprende de los controles y de los límites que establece nuestra norma fundamental para que este derecho no se reduzca a una simple declaración de buenas intenciones".
La ministra presidenta del máximo tribunal del país expuso que las funciones que habrá de desempeñar el Poder Judicial Federal el próximo año son de particular relevancia para la vida democrática y la justicia social.
En primer término, el proceso electoral 2023-2024 implicará la renovación de más de 20 mil puestos de elección popular, lo que exige una asignación presupuestal suficiente para cubrir el potencial incremento de asuntos que habrá de resolver el Tribunal Electoral. "Sólo así se puede garantizar que la transmisión de poder en México se dé pacíficamente y con estabilidad democrática. En 2024, desde el Poder Judicial Federal, habremos de atender el incremento continuo en la demanda de justicia federal que se registra en los últimos cinco años. Si la tendencia en 2023 se mantiene, entonces el próximo año la Judicatura federal habrá de resolver 1.3 millones de casos nuevos".a
También se requerirá la creación de 45 órganos jurisdiccionales más. Lo anterior se explica, parcialmente, por la implementación del nuevo modelo de justicia laboral derivado de las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión en el marco de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado en la suscripción del T-MEC. La nueva justicia laboral tiene como propósito fundamental otorgar mayor seguridad jurídica a los trabajadores, sindicatos y patrones, contribuyendo de forma determinante a la certidumbre de nuestros socios comerciales y a la consolidación de la política económica del país.
Además, el Consejo de la Judicatura Federal habrá de garantizar la implementación gradual del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, aprobado a mediados de este año por el Poder Legislativo. La impartición de justicia civil y familiar de conformidad con los estándares legales y constitucionales recientemente establecidos es uno de los mayores retos que enfrenta, no sólo la justicia federal, sino también la justicia local. "Este nuevo modelo tiene por objetivo modificar uno de los ámbitos de la justicia más cercano a las personas, incorporando elementos como la oralidad y los medios alternativos de solución de conflictos."
Por último, la funcionaria señaló que los recursos solicitados por el Consejo de la Judicatura Federal también habrán de destinarse al Instituto de la Defensoría Pública que representa jurídicamente y, sobre todo de manera gratuita, a los mexicanos, la mayoría de ellos en condiciones de vulnerabilidad. La demanda ciudadana de defensores y asesores registra un crecimiento de 20 por ciento anual que habrá de atenderse a través del fortalecimiento de las atribuciones del Instituto.
Y también dijo que se dispondrán recursos para el reforzamiento de las medidas de seguridad para las personas que integramos el Poder Judicial Federal. Impartir justicia nunca puede traducirse en una afectación a nuestra integridad personal, ni a la de quienes nos rodean. La independencia judicial exige establecer las medidas y las salvaguardas necesarias para que no existan restricciones, influencias indebidas, presiones, amenazas o interferencias de ningún tipo en la actividad jurisdiccional.
Ante los 21 funcionarios del PJF en representación de los más de 55 mil servidores públicos que integran la Judicatura en nuestro país, la ministra Piña Hernández reiteró el compromiso del PJF con México “no sólo de someter todas nuestras actuaciones al marco legal y constitucional que nos rige, sino también de hacer valer la fuerza vinculante de nuestra Constitución para así, no dar ni un paso atrás en la tutela de la dignidad de las personas”.
Este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la propuesta de solicitud de presupuesto anunciado el lunes por l ministra presidenta Norm Piña, que calificó como cínico y excedido.
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