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El desencuentro entre la comunidad empresarial y la 4T es cada día más grande. ¿Tendrá remedio?
Y es que a cada rato surge entre ellos una nueva controversia. La más reciente es el acuerdo que, sin decir agua va, cambia las reglas en el terreno de la generación de electricidad.
El Consejo Coordinador Empresarial ya no siente lo duro, sino lo tupido. Su presidente, Carlos Salazar, se está quedando sin palabras para describir lo que pasa.
Es otro ataque a la certeza jurídica de las inversiones en México de la que tomaron nota empresarios de diversos países, comenzando por nuestros socios del T- MEC, Estados Unidos y Canadá, que están como agua para chocolate.
Los gobernadores, enmascarados, no se bajan del ring.
A pesar de los grandes cubrebocas, que ellos sí usan, pudo identificarse por las calles de coloniales de Morelia, Michoacán, a unos señores muy parecidos a Francisco Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; Jaime Rodríguez, de Nuevo León; Miguel Riquelme, Coahuila; José Aispuro, de Durango, Nacho Peralta, de Colima y al anfitrión, Silvano Aureoles.
En esta etapa se busca que todos manejen la misma información y que externen con confianza sus inquietudes para lo que viene, que será la crisis económica más grave en décadas y apenas está comenzando.
Está en marcha, pero avanza muy lentamente, el programa para abastecer fertilizantes a las comunidades de la montaña de Guerrero.
El año pasado, por la novatada del nuevo gobierno, por la falta de claridad en el padrón de beneficiarios y por los jaloneos políticos el operativo fue un fracaso.
Ahora el adversario, además de una intensificación de la violencia en la zona de Tierra Caliente, es el Covid-19 que no permite a los servidores públicos hacer su chamba con atingencia. El subsecretario de Agricultura, Miguel García Winder, adquiere protagonismo.
Los tres niveles de gobierno no tienen este año margen de error. Con coronavirus o sin él el fertilizante debe estar en el terreno.
Hoy es el día señalado para reanudar actividades presenciales en el Congreso capitalino.
Al igual que sucede en muchos otros lados que recibieron la bandera verde, en el recinto de Donceles y Allende ni trabajadores ni legisladores saben bien a bien qué hacer.
Y es que se desconocen protocolos y no hay un área que asuma de manera integral la responsabilidad.
La pregunta incómoda pero inevitable es: ¿Si hay contagios quién asume la responsabilidad?
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