El agandalle de los derechos laborales en el PJF
La aprobación de la Cámara de Diputados de la desaparición de 13 de los 14 fideicomisos públicos que administra la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) generó un descontento esperable entre los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), quienes serán los más afectados por el agandalle de los recursos destinados al financiamiento de sus pensiones complementarias y de los gastos médicos extraordinarios, que suman alrededor de 9 mil millones de pesos y representan el ahorro institucional de más de 20 años para estos fines, tutelados en las condiciones generales de trabajo.
Ante el abuso de Morena y sus aliados, las protestas comenzaron en la mañana del lunes con bloqueos de avenidas importantes de la Ciudad de México y continuaron el martes en toda la República con el propósito de evitar que se consumara el agandalle con la aprobación de la reforma legal que prohibía la existencia de fideicomisos en el PJF y, por lo tanto, la desaparición de los mismos. Con estas acciones el sindicato pretende llamar la atención de la sociedad sobre la afectación de sus derechos laborales oculta en el falaz discurso del gobierno y sus aliados contra los ministros.
El conflicto de la autollamada 4T con la SCJN y su pretensión de obtener la mayoría calificada en las elecciones del 2024, con la que buscan modificar la Constitución para que los jueces, los magistrados y, especialmente, los ministros sean electos en votación directa, ha provocado un discurso delirante, ajeno a cualquier lógica republicana. El supuesto político equivocado del que parte el presidente es que los juzgadores son aliados de las minorías rapaces y de los delincuentes a los que otorgan la protección constitucional porque las autoridades violan sus derechos humanos.
La confrontación entre poderes se intensificó con la declaratoria de inconstitucionalidad del Plan B de la reforma electoral, que polarizó la posición del presidente López Obrador respecto a la SCJN, quien ya había descalificado de mil maneras a sus integrantes, incluso a los que él había propuesto al inicio del sexenio. Las relaciones entre los dos poderes fueron llevaderas por la obsecuencia del ministro Zaldívar, pero con la elección de la ministra presidente Norma Piña la situación cambió radicalmente a tal grado que no fue convocada ni a la celebración del día de la Independencia al Palacio Nacional.
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, encabezó conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional
El ataque presidencial a los ministros no es nuevo y es congruente con su desprecio al respeto de la ley y de las sentencias. La voluntad popular, que López Obrador pretende monopolizar, no puede ser patrimonio político de nadie. En su visión reduccionista, la mayoría política encabezada por el presidente considera que sus intereses deben imperar en todos los asuntos y en cualquier circunstancia y todo aquel que se oponga a sus arbitrariedades es conservador, corrupto, cómplice de la mafia del poder encabezada por Salinas, conspirador contra el pueblo o solapador de delincuentes de cuello blanco. En este conflicto que pretende someter a los ministros al proyecto político de la 4T los trabajadores del PJF son los perdedores.
¿Por qué tanta vehemencia en contra de los jueces? La única explicación razonable es que hay una necesidad de desviar la atención de la ciudadanía de los problemas cotidianos como la inseguridad, la corrupción, las promesas incumplidas, la inflación y los rezagos en la atención a la salud y centrar en la reforma del PJF la campaña electoral. En medio de esta estrategia política quedaron atrapados los trabajadores del PJF.
Hasta estos momentos, la estrategia está funcionando y se refleja en un crecimiento de las preferencias electorales. La identificación de un enemigo del Pueblo, a quien atribuirle todos sus males, es exitosa y la idea gubernamental consistente en que los trabajadores del PJF son azuzados por los ministros para defender los privilegios de los once integrantes de la SCJN es el sustento de la descalificación del paro de labores. En este contexto, el presidente ni la burla perdona y festeja que con el paro habrá menos amparos concedidos y con ello, según él, habrá menos delincuentes de cuello blanco indebidamente liberados.
La falacia del discurso presidencial deteriora la vida republicana y cuando ofrece su palabra como garantía de que los ingresos de los trabajadores no serán disminuidos promete en falso, ya que la desaparición de los fideicomisos afecta los derechos pensionarios y de previsión de los trabajadores del PJF no sus salarios. El agandalle en contra de los trabajadores es evidente y, paradójicamente, la acción legislativa deja a salvo los ingresos de los ministros, que supuestamente es lo que se busca reducir. ¿Equivocación o estrategia mediática? Lo segundo es lo más factible y los que más pierden son los trabajadores y sus beneficiarios, quienes son las víctimas de la intensificación del conflicto.
Investigador del Instituto Mexicano de Estudios
Estratégicos de Seguridad y Defensa Nacionales
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