Desde hace un muy buen rato hemos venido observando y dando cuenta del supuesto combate a la corrupción que el gobierno de la 4T ha pretendido emplear como estandarte de su anhelada y malograda transformación. Una batalla que, en los hechos, únicamente ha sido discursiva y que, incluso, denota un ánimo más bien cargado hacia la permanencia del status quo.

El más reciente capítulo de esta historia a la que ciertamente le quedan varias temporadas, comenzó cuando hace unos días nos enteramos, por los trascendidos, de una iniciativa que aún no es pública, para desaparecer de la estructura orgánica del Sistema Nacional Anticorrupción, a su Secretaría Ejecutiva (SESNA). Un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, cuya labor esencial es la de fungir como órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador del Sistema y una instancia necesaria para que la participación ciudadana sea una realidad pues, muchas de las atribuciones del Comité de Participación Ciudadana se realizan, por disposición expresa de la ley, por conducto de la Secretaría Ejecutiva.

De la misma Secretaría Ejecutiva dependen, en un alto porcentaje, no sólo la implementación, ejecución, seguimiento de los acuerdos y directrices adoptados por el Comité Coordinador, sino también su aterrizaje en los sistemas locales anticorrupción porque a ella corresponde la labor de coordinación e interlocución, por lo que es dable suponer que su eliminación significaría un impacto sensible en la adecuada articulación de todo el Sistema.

Aunque es posible que en la iniciativa se prevea que las atribuciones de la Secretaría Ejecutiva sean asumidas por otro integrante del Comité Coordinador, esa opción no sería viable debido a que desnaturalizaría sus funciones y entorpecería el buen desempeño de las nuevas. Pensemos, por ejemplo, que las facultades de la SESNA son trasladadas al CPC. La característica fundacional del SNA fue y debe seguir siendo, el de estar constituido vertebralmente por un órgano ciudadano (Comité de Participación Ciudadana), independiente, no subordinado a ningún poder público y, precisamente para materializar ese propósito, es que de acuerdo con la Ley General del SNA, los integrantes del CPC no tienen relación laboral alguna, sino que sus honorarios son cubiertos mediante una contratación de naturaleza civil, bajo el esquema de una prestación de servicios profesionales, de tal suerte que tal separación constituyera una garantía de dedicación exclusiva a tareas ciudadanas sustantivas, no de labores administrativas ni técnicas, como las que realiza la SESNA.

Al CPC corresponde coadyuvar a cumplimentar los objetivos del Comité Coordinador, órgano rector del SNA y fungir como instancia de vinculación entre las organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas. Para que el CPC pueda concentrarse en su tarea natural de vinculación ciudadana, es indispensable que destine el cúmulo de sus capacidades hacia ese fin, de otro modo, asumiendo las funciones que ahora corresponden al órgano técnico de apoyo con que cuenta, distraería importantes recursos humanos en la de por sí difícil tarea de definición, construcción e implementación de políticas anticorrupción a niveles nacional y subnacional.

Si me equivoco y, por el contrario, el CPC no sólo absorbe las atribuciones de la Secretaría, sino que también se ve favorecido con la reasignación de su presupuesto, entonces creo que la paralización del SNA podría evitarse. Lo deseable, en tal caso, es que este Comité cuente con una significativa ampliación presupuestal y operativa que materialmente haga posible cumplir con sus funciones.

Así sin conocer los términos precisos de la iniciativa abolicionista, es aventurado vaticinar un resultado o impacto específico, sin embargo, tampoco se necesita ser sabio para asegurar que buena parte de la “justificación” estará basada en la totalmente tergiversada pobreza franciscana del régimen, que dispondrá de otros millones para seguir sufragando programas asistencialistas, esos que no dejan dividendos electorales pero sí una satisfacción imposible de contener en un pecho que no es bodega.