Desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994 la industria automotriz no había enfrentado un panorama tan complicado como el actual. La Industria Nacional de Autopartes, encabezada por su presidente Alberto Bustamante, el presidente de la Asociación Mexicana de Automotores, Guillermo Rosales y el director de la Asociación Nacional de la Industria Automotriz, Fausto Cuevas, presentaron cada uno de los retos, pero quizás el más importante son “una autoridades que escuchan, pero no resuelven”.

Las asociaciones automotrices coincidieron que en el mejor de los casos 2022 será una copia muy parecida al año pasado. Las causas, primero, unos indicadores negativos, con alta inflación, tasas de interés en ascenso, pobre crecimiento del PIB 2.6%, desconfianza del consumidor y restricciones del crédito. A nivel global seguirá la escases de semiconductores y para el caso de México será el motivo para dejar de producir más de 600 mil unidades anuales.

Por si fuera poco, se enfrenta a políticas públicas del actual gobierno que inhiben el mercado interno y también la inversión. El Decreto Automotriz del 19 de diciembre abre las puertas a la legalización de autos usados importados de Estados Unidos.

Para cerrar el círculo, una política energética que desalienta la inversión productiva al pretender regresar al monopolio estatal empresas claves como Pemex y la CFE. A pesar de los miles de millones de dólares que se juegan a nivel global en inversiones en nuevas plantas de energía limpia, México, a pesar del T-MEC no muestra las fortalezas del pasado.

Las asociaciones automotrices han intentando una y otra vez entablar un diálogo la Secretaría de Economía, que lleva Tatiana Clouthier, pero no hay respuestas a sus demandas.

MINEROS. Ya apareció la verdadera motivación del cierre de carreteras en la región de Cananea, en Sonora, que colapsó las cadenas de distribución y abasto de numerosas industrias en la frontera norte durante, entre ellas la del sector automotriz donde Ford tiene una gran planta de ensamble.

En días pasados la Junta de Conciliación y Arbitraje notificó por cuarta ocasión al sindicato minero y a su dirigente, Napoleón Gómez Urrutia, sobre la obligación de pagar más de 54 millones de dólares que desde 2005 fueron depositados en un fideicomiso por la empresa concesionaria de la mina de Cananea, en beneficio de sus trabajadores.

El nuevo laudo reitera el mandato emitido también el 13 de octubre del 2021 por la misma JFCA y todo indica que al cerrarse las salidas legales, el dirigente minero ha optado por construirse un nuevo pretexto para eludir el pago, ahora a partir de la generación de un conflicto político.

La duda está en si el gobierno estatal a cargo de Alfonso Durazo y la secretaría de Gobernación, encabezada por Adán Augusto López, comprarán el “conflicto laboral” para darle nuevo aire al senador morenista o, si bien, si encuadran sus “plantones” como respuestas forzadas por la resolución judicial que le exige el reiterado pago.

Parece que Gómez Urrutia es congruente con que más que militar en la 4T, milita en la defensa de sus causas y su patrimonio.