“No violo la Constitución, pero tenemos que aprovechar los márgenes legales para avanzar (…) y tengo un bloque opositor que no ayuda en nada. Todo lo que beneficia al pueblo, lo rechazan. Están a favor de lo que significa mantener privilegios para las minorías. Lo vimos muy claramente con la reforma a la ley eléctrica,” aseveró ayer el presidente López Obrador al referirse a su intención de emitir un acuerdo mediante el cual la Guardia Nacional pase a depender totalmente de la SEDENA, porque no quiere que “se dé marcha atrás”.
Tal alocución del presidente merecería grabarse en piedra y colocarse a la entrada de las facultades de Derecho, Administración Pública y Ciencias Políticas, como un magnífico ejemplo de la manera de esconder las verdaderas razones de un mandatario.
El acuerdo seguramente será bateado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque contraviene lo dispuesto en la Constitución y pretender legalizar lo contrario; hasta donde yo sé, es violar la Constitución.
Me pregunto qué “privilegios” ve López Obrador para el bloque opositor en el hecho de que la GN permanezca como parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, como lo estableció, en 2019, la pasada Legislatura de la Cámara de Diputados dominada por MORENA. A menos de que evitar el avance de la militarización del país signifique defender un privilegio, en cuyo caso me sumo a la causa.
Pero vayamos al fondo del acuerdo propuesto.
Para mí es el reconocimiento del fracaso de la gestión de la seguridad pública y una vuelta más a la tuerca del autoritarismo. Con respecto a lo primero, cabe resaltar que la GN no ha incorporado a más civiles a la corporación, como era la meta hacerlo en tres años. Ignoro si ser guardia no resulta atractivo para los jóvenes, o si la GN no ha promovido suficientemente las convocatorias; el resultado es el mismo: no se ha hecho más civil la corporación.
Con respecto al autoritarismo, el presidente fue claro: no quiere que en la próxima administración se dé marcha atrás a sus decisiones de hoy, por muy cuestionadas que sean.
Asimismo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la cual depende la GN, tampoco ha podido cumplir la promesa del primer titular, Alfonso Durazo, de reducir al menos en 30 por ciento el número de homicidios en un trienio. A lo más, nos anuncia usted, doña Icela, una escuálida reducción de 13 por ciento después de haberse incrementado notablemente estos delitos.
En un contexto más amplio, la incorporación total de la GN a SEDENA -de la cual ya depende operativamente- tiene consecuencias en el equilibrio de poderes. Si al iniciar la presente administración y por razones pragmáticas no se pudo cumplir con la promesa de regresar al Ejército a los cuarteles, de prevalecer el acuerdo sería imposible.
Ya bastantes nuevas funciones y recursos adicionales tienen los militares y marinos; nada más vea, tienen el control de aeropuertos, aduanas, reparto de medicinas, dos ferrocarriles (el Transístmico y el Maya), construcciones (incluidas las sucursales del Banco del Bienestar), empresas recién creadas para ellos, etcétera. Ya nada más les falta un medio de comunicación y están hechos en el control de ámbitos neurálgicos para el país.
Expuesto lo anterior, tengo una pregunta y una sugerencia.
Me pregunto qué va a pasar con la Secretaría a su cargo. ¿Se dedicará, como un instituto cualquiera, a hacer estadísticas y profesionalizar policías estatales?
Y la sugerencia: ya entrados en gastos, por qué no agregar al grupo de “corcholatas” a un precandidato militar. Total, la Cuarta (dizque) Transformación ya claudicó en construir instituciones de seguridad que sean civiles y confiables.
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