Fuerzas armadas: "Ya sabemos hasta dónde…”
Ayer, aquí, les pregunté hasta dónde llegaría Andrés Manuel López Obrador para congraciarse con las Fuerzas Armadas. Bueno, pues ya tenemos la respuesta, que es:
Hasta violar la Constitución y las leyes que de ella emanan…
Después de que LATINUS difundiera una investigación periodística que destapó los malos manejos en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en vez de que SEDENA y/o el presidente tomaran cartas en el asunto, AMLO emitió un decreto que se pasa por el arco del triunfo varios artículos constitucionales, con sus leyes y sus reglamentos respectivos.
El decreto es un fuerte manotazo a la mesa.
En sus objetivos afirma buscar “un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad (…) al crecimiento de la economía”. Suena bien, pero su instrumentación es totalmente autoritaria y anticonstitucional.
El decreto declara “de interés público y seguridad nacional, la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura” de prácticamente todos los sectores que “se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional”.
Así pues, al caer en la categoría de seguridad nacional, la opacidad total rodeará a las obras gubernamentales, contraviniendo las leyes de Adquisiciones, de Obras y Servicios Públicos, de Transparencia y de Competencia, entre otras. Yo me pregunto, ¿desde cuándo un proyecto turístico o de salud es cuestión de seguridad nacional…? Y si tales obras son de seguridad nacional, señores legisladores, quién estará a cargo de las mismas, ¿las Fuerzas Armadas..?
En su artículo segundo, el decreto ordena a las dependencias federales que cuando les sea solicitado un permiso, resuelvan en un máximo de cinco días. Será un permiso provisional con duración de 12 meses. Además de dejar a las secretarías como ponesellos, tal disposición echa al bote de la basura las leyes de Planeación, de Equilibrio Ecológico y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, además de las mencionadas en el párrafo anterior.
Si al año la obra resulta improcedente y/o redundante, pues el daño y el gasto ya estarán hechos. Desorden y desperdicio puros…
Con el argumento de la “seguridad nacional”, el Instituto Nacional de Transparencia, la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública no tendrán acceso a información que permita evaluar la probidad en el manejo los dineros ni la eficacia en el desarrollo de la obra. Y cabe el detalle de que esos recursos son de la gente, no del gobierno; y tenemos el derecho constitucional a la rendición de cuentas…
Aún más: ¿qué puede ser menos democrático que la opacidad en las decisiones y en su ejecución?
Ignoro qué entienda el presidente por Seguridad Nacional. No me voy a remitir a los teóricos, lo que sí puedo señalar es lo definido por el Plan Nacional de Desarrollo: “La condición indispensable para garantizar la integridad y la soberanía nacionales, libres de amenazas al Estado, en busca de construir una paz duradera y fructífera.”
¿Alguna relación con las obras de infraestructura? Ninguna.
Lo que sí vulnera la seguridad nacional es el crimen organizado. A diario asesina a un promedio de 90 mexicanos y amenaza la vida, el patrimonio y la paz de millares; controla una tercera parte del territorio nacional, impone candidatos y desplaza habitantes como y cuando se le da la gana. Altera la economía con el lavado de dinero, el huachicol, el cobro de derecho de piso y el contrabando. Esa es la seguridad nacional que el gobierno de AMLO debiera cuidar.
Creo que, esta vez, el presidente fue demasiado lejos.
Por ello vuelvo a preguntar:
¿Para qué quiere AMLO congraciarse tanto con las Fuerzas Armadas?
Investigación: Upa Ruiz upa@delfos.com.mx
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