El plagio, en la vida académica, es la apropiación indebida del trabajo de otros. Se trata de una de las faltas más graves que puede cometer un investigador. El que plagia perpetra un fraude intelectual, además de las responsabilidades jurídicas en las que haya incurrido.

El doctor Alejandro Gertz Manero, actualmente Fiscal General de la República, incurrió en ostensibles plagios en al menos dos de sus libros. Tales delitos, que han suscitado indignación en nuestras comunidades académicas, ahora son legitimados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Esa inusitada decisión del Conacyt forma parte del contexto de estridencia pública y descomposición ética que se extiende por todas partes. Cuando el presidente de la República dicta demenciales improperios desde Palacio Nacional, o cuando el mismo Fiscal General emplea su posición de privilegio institucional para litigar asuntos personales, la consagración del plagio académico podría parecer un asunto anecdótico. Pero se trata de una expresión gravísima del deterioro al que ha involucionado la institución encargada de promover la ciencia en nuestro país.

Los plagios que abundan en uno de los libros del Dr. Gertz titulado Guillermo Prieto. (Biografía), publicado en 1967, fueron develados en julio del año pasado por el investigador Guillermo Sheridan que, en su columna de El Universal, publicó frases y párrafos de esa obra que antes habían aparecido en 1939 en un libro de Salvador Ortiz Vidales y en otro de Malcom D. McLean en 1960. Más tarde, el mismo periódico comparó el libro Ignacio Allende, de Gertz, aparecido en 1969, con textos que forman parte de libros de Benito Abad (publicado en 1910) y Armando de Maria y Campos (1964). El trabajo de Gertz Manero cobró un repentino interés porque el año pasado el Conacyt lo admitió como miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

Durante once años las solicitudes de Gertz fueron rechazadas por el SNI porque, de acuerdo con varias comisiones dictaminadoras, no ha tenido una labor sistemática de investigación y la calidad de su obra es insuficiente. No obstante esos dictámenes la actual directora del Conacyt, María Elena Álvarez Buylla, creó una comisión especial que en abril de 2021 no solamente admitió a Gertz como miembro del SNI sino que lo ubicó en el Nivel 3, el más alto en el Sistema.

La decisión de aquella comisión, encabezada por el doctor Ernesto Villanueva, fue tan vergonzosa como irregular. Gertz no cumple con varios de los requisitos para ser miembro del SNI (por ejemplo la tutoría de tesis). Cinco meses más tarde, la Fiscalía a cargo de Gertz inició una persecución judicial contra 31 investigadores y funcionarios del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Ese organismo, que era un espacio de consulta para las decisiones del Conacyt, le estorbaba al propósito de Álvarez Buylla para desarticular a las instituciones de investigación que no se disciplinan al gobierno actual (como ha querido hacer, entre otros sitios, en el CIDE).

Así que el Conacyt premió a Gertz con el SNI 3, una distinción para la que no tiene méritos. Él, por su parte, persigue a científicos denunciados judicialmente por la directora del Conacyt.

A fines de octubre, en una carta que ha sido suscrita por 220 investigadores, solicitamos a la Junta de Honor (JH) del SNI que examinara los plagios cometidos por Gertz en al menos dos de sus libros. En ocasiones anteriores, los plagios de algunos académicos fueron sancionados con la expulsión del Sistema Nacional. La semana pasada el Conacyt desechó esa petición porque ninguno de los quejosos “es autor o demuestra contar con los derechos de propiedad de las obras presuntamente plagiadas”.

Esa, según el Conacyt, fue la decisión tomada por la JH el 28 de febrero y luego ratificada por el Consejo General del SNI. Tal resolución incumple los Lineamientos de la propia Junta en donde se considera que un investigador “comete falta de ética cuando viola las reglas y guías de conducta aceptadas en el área de su campo profesional”. Para denunciar una infracción de esa índole no es necesario haber sido agraviado directa, ni patrimonialmente. “Cualquier” miembro del SNI que tenga conocimiento “de hechos que puedan constituir faltas de ética por parte de algún Investigador Nacional” puede llevarlos a la Junta de Honor.

La Junta de Honor, de acuerdo con los mismos Lineamientos, debe estar compuesta por seis investigadores. Hasta el jueves pasado el sitio del Conacyt publicaba como integrantes de esa Junta los nombres de varios investigadores que ya no forman parte de ella. Allí mismo, ahora, se indican solamente cuatro nombres. La Junta es presidida por la Dra. Elvia Arcelia Quintana Adriano, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Son vocales las doctoras María Emilia Caballero Acosta del Instituto de Matemáticas de la UNAM, Alma Delfina Orozco Segovia del Instituto de Ecología de la misma Universidad y Elsa Ernestina Muñíz del Departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

La Dra. Caballero me informó en un correo, a pregunta mía, que cuando la convocaron a la reunión del 28 de febrero avisó que no podría asistir, que a diferencia de otras ocasiones las autoridades del Conacyt no propusieron una fecha diferente y que nunca le comunicaron que en esa sesión se abordaría el caso Gertz. Así que, si se reunió, la JH sólo contó con la presencia de tres de los seis investigadores que la deben integrar.

Resolver que el plagio sólo se sanciona cuando es denunciado por el titular de los derechos de autor de la obra copiada, significa una institucionalización de la trampa académica. Es muy extraño que las doctoras Quintana, Orozco y Muñiz sacrifiquen su prestigio académico, forjado en décadas de trabajo de investigación, al encubrir de esa manera los plagios cometidos por Alejandro Gertz. No es nuevo, en cambio, el empeño de la directora del Conacyt, Álvarez Buylla, para favorecer al hoy Fiscal General. El impulso a la ciencia en México está en manos de una administración embaucadora y facciosa.