Hace unas semanas, el Gobernador del Estado de San Luis Potosí manifestó, en sus redes sociales, que enviaría una iniciativa al Congreso de esa entidad para “capar a todos los violadores” y condenar a muerte a homicidas. Para sostener su propuesta, enfatizó la existencia de “herencias malditas” que dejan desprotegidas a miles de personas debido a la protección de los derechos humanos, pues ellos impiden reformar la ley con “mano dura”, que según él es una forma de erradicar la violencia. Curiosa fórmula la de acabar con algo recurriendo a ese algo. Tal vez el promovente no advirtió que, de aplicarse esta clase de sanciones, reviviríamos los mandatos retributivos de la Ley del Talión que, a mi juicio, son mucho más cercanas a eso que él llamó “herencias malditas”.

Desde el desafortunado empleo de ciertos términos, se advierte el indubitable ánimo draconiano de la propuesta. Capar significa extirpar o inutilizar órganos sexuales de un animal o persona, aunque de manera más frecuente este vocablo se utiliza para referirse a los animales. En seres humanos, la expresión y procedimiento equivalentes sería la castración química, dirigida a varones a quienes, a través de un tratamiento farmacológico, reducen los niveles de andrógenos para inhibir su impulso sexual.

Aunque la castración química es utilizada en algunos países como pena para quienes cometen delitos sexuales, ello no riñe con su naturaleza cruel y degradante que, si bien es de carácter reversible, su aplicación forzada vulnera la libertad y el normal desarrollo psicosexual de la persona. Además, como en tantos otros supuestos, sabemos que la simple imposición de una pena, no garantiza la disminución ni mucho menos eliminación de un determinado delito, tal es el caso de Indonesia y Corea del Sur, países en los que, a pesar de haber instaurado esta pena, los delitos de violencia sexual no solo no disminuyeron, sino que fueron en aumento. Por supuesto, no se trata de oponerse porque sí a una medida coactiva y menos aún de defender a agresores sexuales, de lo que verdaderamente se trata es de dejar de hacer como que se hace.

Iniciativas de reformas penales como esta, demuestran el nulo esfuerzo en materia de prevención y combate del fenómeno delictivo, en cualquiera de sus manifestaciones y es que el lanzamiento público de propuestas “atractivas” de este tipo, al amparo de la paradoja lampedusiana se traduce en un ganar o ganar (claro está, que tal triunfo está exclusivamente ceñido al lanzador). Uno, porque su elaboración no requiere de ningún análisis profundo ni de rigor metodológico; dos, porque se dice lo que la gente quiere escuchar, pues el proponente es sabedor que el común denominador de las personas hastiadas por la violencia, la inseguridad y el delito están prestas a secundar prácticamente cualquier alternativa -por cruel y regresiva que ésta sea- a cambio de alguna expectativa de utilidad y de mejora; tres, porque si la propuesta no supera el filtro legislativo, siempre se puede recurrir a la vieja confiable del reparto de culpas y cuatro, porque si la propuesta prospera y sus resultados no son positivos, no tendrán por qué ser auditables, ni someterse a proceso de evaluación alguno y, en el mejor de los casos, aquél entusiasta promotor de la reforma podrá gozar de los beneficios que emanan del suave manto del olvido por el paso del tiempo.

Apelar a este tipo de sanciones como medida para erradicar la violencia, es un acto o una creencia tan ingenua como aquel que piensa que por decreto podrá impedir un nuevo amanecer. Sí, cada quien puede fantasear como le venga en gana, salvo que en aquella ilusión se apueste el bienestar de seres humanos en cuyo beneficio, supuestamente, se ha constituido este bello espejismo llamado Estado.