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Saber lo que es justo y no hacerlo
es la peor de las cobardías.
Confucio

En tiempos pandémicos en que todo el mundo entra en crisis, por falta de medicamentos, de hospitales, por la carencia de pruebas Covid-19, por las lamentables muertes que siguen aconteciendo; la inmensa mayoría de personas hemos apostado por la vacuna, ese poderosos antídoto al que por ciertas decisiones no todos han tenido acceso o lo han tenido cuando ya es tarde.

Aunque nos han repetido hasta el cansancio que la vacuna no produce inmunidad y que, por lo tanto, podemos enfermar y contagiar a otros, en México somos especialistas en patentar otros remedios mucho más efectivos que los que se producen en el resto del mundo. Del mismo laboratorio al que debemos los clásicos de botica “detente”, “abrazos no balazos” y el reciente fármaco “caricias”, surge el nuevo “ella es honesta”. Un potentísimo fármaco que se inocula a quien lo recibe con sólo pronunciar su nombre y luego, expresar alguna sacramental frase.

Esta vigorosa cura es un verdadero salvoconducto. Un escudo contra juicios políticos, responsabilidades administrativas, despidos justificados y, como joya de la corona, es infalible contra investigaciones y acusaciones penales.

No voy yo a andar charlataneando en este medio y comprometer mi palabra con aseveraciones infundadas. Si no me cree, basta con repasar hechos objetivos, concretos, sin sesgos motivados por apreciaciones subjetivas. Mire usted. En una exhaustiva investigación que comenzó en 2017, la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, acreditó que en el periodo 2013-2015 en que fungió como Presidenta Municipal de Texcoco, Delfina Gómez Álvarez, instrumentó un esquema de financiamiento electoral paralelo (no fiscalizado) en favor del MoReNa, reteniendo un porcentaje del salario de las personas trabajadoras en el gobierno de Texcoco como de las que laboraban en el DIF municipal, retenciones que se tradujeron en un jugoso beneficio económico para aquel partido, que ascendió a poco más de 2 millones 264 mil pesos que fueron ilícitamente obtenidos y, por consecuencia, no reportados a la autoridad electoral. Acreditado el esquema de financiamiento ilegal, el INE multó al partido beneficiado que, inconforme con la determinación, la impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) quien, ya bajo la presidencia de un magistrado imparcial, confirmó la sanción originalmente impuesta por el INE.

Como podrá usted observar, la sanción se dirigió al partido MoReNa y no a la ahora Secretaria de Educación Pública, quien fungió como operadora de la red de corrupción que desató la condena. La naturaleza y destinatario de la sanción no es algo que deba sorprendernos, pues ni al INE como tampoco al TEPFJ, como autoridades electorales encargadas de hacer respetar las reglas de los procesos electorales y garantizar el ejercicio y supervivencia democráticos, corresponde la investigación de delitos ni de responsabilidades administrativas. Esa es chamba de otras dependencias públicas que hasta ahora han brillado por su deslumbrante ausencia. Me refiero ni más ni menos que a la Secretaría del Función Pública y a la Fiscalía General de la República, esta última dotada de autonomía constitucional que, al menos en el plano formal, le permitiría actuar por conducto de su Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales, con absoluta independencia de los designios de cualquier otra autoridad con deseos mundanos e intereses perversos.

Materia para una investigación y eventual sanción, tenemos de sobra. Los hechos ya fueron ampliamente documentados por el INE y confirmados por el TEPFJ. De querer, la Fiscalía Especializada en delitos electorales, fácilmente podría retomar esas actuaciones e integrarlas a su propia investigación y si desconfía de ellas, pues iniciarla de cero. Y si creen que la sanción económica contra el partido es lo más que puede hacerse, están equivocados. En la Ley General en materia de delitos electorales, está determinada una sanción corporal que va de los dos a los nueve años de prisión al servidor público que solicite a sus subordinados, por cualquier medio, aportaciones de dinero o en especie, para apoyar a un precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política. Como que es exactamente la conducta en la que incurrió la maestra ¿o no?

Pero, ¿cómo podrían actuar tales instituciones? ¿qué margen de acción tendrían contra la vacuna moral de palacio? Cualquier investigación contra la flamante maestra estaría destinada al fracaso, incluso antes de su temeraria concepción y condenado a la ignominia aquel que se atreviera siquiera a sugerirla. Por fortuna, nada ni nadie es para siempre. Recordaos que el manto protector de la presidencia perderá su repelencia sí o sí en tres años. La inmunización de la funcionaria federal, es útil para esta variante guinda, puedo apostar que no necesariamente lo será contras otras igualmente virulentas variantes políticas.