La narrativa y la técnica jurídica: Ferrosur
Expropiación fue el encabezado de los periódicos el viernes 19 de mayo y el lunes 22 el presidente alegó que los medios y columnistas mentían, que tergiversaban los hechos y que la presencia de los marinos en las instalaciones de Ferrosur era una ocupación temporal no una expropiación.
Elementos de la Secretaría de Marina custodian las vías de Ferrosur en Coatzacoalcos.
En esta nueva confrontación del Ejecutivo con un empresario, que es un concesionario y, por lo tanto, un colaborador de la administración pública federal, hay dos narrativas polarizadas e irreconciliables. La primera sacraliza a la propiedad privada y la segunda endiosa al gobierno con una misión salvadora del pueblo de las garras del empresariado. Ambas son extremas y falsas y soslayan la naturaleza y funcionalidad de la concesión en el derecho administrativo.
¿Qué es una concesión? Una declaración unilateral de la voluntad del Estado mediante la cual este autoriza que un particular o una empresa de participación estatal gestionen un servicio público o exploten un bien del dominio público por convenir al interés general para que haya una mejor prestación o aprovechamiento en beneficio de la sociedad.
Entonces, bajo un régimen de orden público, el concesionario está sujeto a la supervisión del Estado con un estricto esquema financiero que permita que los usuarios reciban un servicio de calidad, oportuno y permanente a una tarifa razonable, garantizando una utilidad razonable por el capital invertido y el riesgo empresarial asumido.
Las dos narrativas mencionadas de la concesión la equiparan con la privatización, pero con dos intenciones opuestas.
En la primera, los empresarios que pretenden que el capital y los bienes vinculados con la concesión son suyos, lo cual es incorrecto porque en las leyes y los títulos de concesión es claro que todos son de la nación y que el concesionario es un administrador de los mismos, nunca su dueño.
En la segunda, los estatistas satanizan cualquier colaboración de los particulares o del mercado y conciben a la determinación del alcance y sentido del interés público como un monopolio del gobierno y no reconocen las insuficiencias de las entidades públicas en la gestión de las actividades de índole económica por lo que todas las concesiones son privatizadoras y malas.
Ambas narrativas son extremas y equivocadas, pero son las que han llenado las mañaneras y el debate público que empezó con una queja por la expropiación y toma de las instalaciones del Ferrosur por la Secretaría de Marina que es la dependencia que sectoriza a la empresa Istmo de Tehuantepec S.A. de C.V. y al organismo público Corredor Interoceánico - Istmo de Tehuantepec.
La técnica jurídica debiera servir para garantizar el interés general y dar certeza a los particulares que invierten en la gestión de un servicio público, pero el decreto por el que se declara de utilidad pública un servicio público (sic) emitido por el presidente para la ocupación temporal, que es un paso previo para una expropiación, no contribuye a generar el ambiente propicio para la integración de la plataforma logística controlada por el Estado, que es lo que se pretende y consideró conveniente en una primera etapa de consolidación de ese proyecto para el desarrollo nacional. El decreto provocó reacciones adversas, algunas exageradas ciertamente, pero otras justificadas por el desaseo jurídico.
Lo procedente era la revocación de la concesión por interés público, lo que con imprecisión jurídica el presidente denominó rescate. En esta estrategia también procede la indemnización al concesionario, básicamente, por la inversión no amortizada, ya que los bienes se revierten en favor del Estado. Esto, que en materia ferroviaria tiene alguna complicación técnica, hubiera sido lo más sencillo jurídicamente, pero la narrativa polarizante es parte sustancial de la 4T.
En cambio, optaron por la expropiación que también implica indemnización como lo consigna el decreto, pero con más. Prefirieron la narrativa a la técnica jurídica. El sello de la casa.
Investigador del Instituto Mexicano de Estudios
Estratégicos de Seguridad y Defensa Nacionales
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