Opinión

Los protegidos de la 4T

Ahora que el presidente anda con la idea de que se investiguen las empresas de Xóchitl Gálvez, le sugiero que le den ficha de atención a su caso y primero nos informen sobre el avance de otros asuntos vinculados a la 4T, que vienen de tiempo atrás y son bastante graves.

Empecemos con Francisco Garduño, director del Instituto Nacional de Migración, quien ya anda ofreciendo disculpas a los deudos de los migrantes que murieron en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, por la criminal ineptitud del personal del INMI (28/03/2023).

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México y Francisco Garduño, director del Instituto Nacional de Migración

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México y Francisco Garduño, director del Instituto Nacional de Migración

Cuartoscuro

Nunca quedó claro cómo fue que se contrató a la empresa CAMSA, del Grupo TANK, la cual apenas tenía cuatro empleados, ni tampoco por qué los guardias de seguridad llevaban el escudo de la anterior prestadora del servicio, SEICSA, cuyos tentáculos llegan hasta altos personajes nicaragüenses. También nos deben una explicación sobre las medidas correctivas sobre las extorsiones de las que son objeto los migrantes por parte del personal del INMI.

Pedro Zenteno Santaella, a su paso por BIRMEX, en 2021 dejó quebrada a la paraestatal por una compra irregular de opíaceos, anestésicos y anticoagulantes a dos empresas lituanas por 82 millones de euros. Ahí no acaba la cosa: 25 millones de euros fueron cobrados de manera fraudulenta, por una representante legal que no era otra que una afanadora. Para rematar, dos mil 500 millones de pesos erogados en los pagos arriba mencionados, fueron tomados del presupuesto para la compra de vacunas infantiles. Don Pedro despacha actualmente en el ISSSTE y no creo que lo haga mucho mejor.

El caso del general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa en la pasada administración, es complejo, largo y opaco. En su momento y en relación con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Cienfuegos defendió a los militares del 27º Batallón y se opuso a que los entonces miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) los interrogaran.

Ya en 2020, el general fue detenido en EUA a petición de la DEA, acusado de vínculos con el crimen organizado y lavado dinero. La primera reacción del presidente fue afirmar que los cargos eran una muestra “de la descomposición política y el vínculo con actividades delictivas” en nuestro país (16/10/2020). La aseveración fue secundada por el subsecretario Alejandro Encinas, al declarar que la detención obstaculizaría la investigación a su cargo sobre Ayotzinapa.

Para no hacer el cuento largo, le recuerdo que don Andrés tuvo que recular. Cienfuegos regresó a México a los pocos días y mediante una investigación exprés, la FGR lo exoneró.

Sin embargo, hace dos días y al despedirse, el GIEI se quejó de que la actual autoridad de SEDENA solo le entregó información parcial. No pretendo darle cuerda a la tesis del Grupo sobre el “crimen de Estado”; tengo para mí que fue una gigantesca maraña de hechos que se le salieron de control a los narcos, la policía municipal y algunos miembros del 27º Batallón, todos coludidos en el trasiego de droga. Si actualmente ya hay varios militares detenidos, ¿cuál es el motivo de la cerrazón de la SEDENA? ¿Acaso la maraña sube de nivel?

Podríamos también tocar los casos de Juan Antonio Ferrer, por las compras de medicamentos en el INSABI o el de Florencia Serranía, ex directora del Metro cuando colapsó la línea 12, quienes andan muy campantes por la vida. Pero como el espacio es poco, pasemos a la joya de la corona de corrupción de la 4T.

Si estando al frente de SEGALMEX Ignacio Ovalle no se dio cuenta de los malos manejos de 14 mil millones de pesos, pues está senil, o es partícipe del fraude, o las dos. Bajo la dirección general de Ovalle hubo de todo en el organismo gubernamental: fraudes en la compra de leche y de pilas, contratos a empresas fantasma, auditores con conflictos de interés, pagos anticipados, empresas cuyos “dueños” eran personas a las que les robaron la identidad, licitaciones simuladas, stocks desaparecidos o desperdiciados, estados financieros perdidos… A la fecha, solo se ha judicializado el uno por ciento de los dineros malversados y, mientras tanto, Ovalle despacha tranquilamente en una oficina menor en la Secretaría de Gobernación.

Si Ovalle es inocente, este funcionario tan querido en Palacio Nacional debiera ser procesado por omisión en el cumplimiento de sus funciones. Ahora que si además de senil tiene cola que le pisen…

En fin, don Jesús, la 4T tiene para rato y ya les queda poco tiempo para las elecciones del 2024.

Hay que barrer la corrupción de arriba para abajo, como dice don Andrés, en vez de perder el tiempo en acosos estériles.

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Colaboró: Upa Ruiz uparuiz@hotmail.com

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