En México desde nuestro nacimiento como nación independiente hemos pendulado entre el federalismo y el centralismo. En algo que tiene que ver, más que con ideologías, con arreglos entre poderes nacionales y locales, hemos contraído un federalismo peculiar.

La realidad es que más bien tenemos distintos federalismos. Uno fiscal, otro penal, uno más en cuestiones de protección civil; y desde luego en lo electoral.

Ahora bien, lo electoral no es solamente cómo se ponen las casillas y se cuentan los votos, en esencia es cómo se distribuye (o redistribuye) el poder.

Desde lo local, siempre existe un reclamo de las competencias o facultades. Las élites políticas y académicas en cada Estado encuentran una manera de convivir y de construir instituciones, una forma peculiar de arreglar los asuntos públicos cumpliendo con los límites constitucionales, pero también atendiendo a las peculiaridades de cada entidad.

Y esto es algo que debe tenerse muy claro: fuera de la Ciudad de México no existe una entelequia llamada “provincia” en la que todo sea igual. Existen diversas realidades sociales, económicas y desde luego políticas.

En el centro del país existe, y siempre estará presente, un deseo de centralizar las decisiones. Esto porque, más allá de ideologías, permite una acción común en los temas que cada gobierno considere relevantes. Una dirección fuerte y poderosa que oriente el actuar de la administración pública y, en realidad, el curso del país, en el sentido que se consideré adecuado.

Pero existe otra forma de contemplar el fenómeno de lo federal, y de provocar su cambio. Consiste en verlo no como una tensión añeja entre élites nacionales o locales, sino como una pregunta acerca de fortalecer la participación de la ciudadanía.

Pensando en una democracia participativa, que se manifiesta en figuras como la consulta popular, el referéndum o la revocación de mandato; así como en la democracia deliberativa, que se muestra en parlamentos o cabildos abiertos, la idea que propongo es cambiar el enfoque del problema.

Ya no debatamos acerca de élites, sino de cómo logramos que se cuele mejor la ciudadanía en la toma de decisiones públicas.

En este sentido, implica preguntarnos en cómo logramos que las ciudadanas y los ciudadanos, en su doble faceta de habitantes tanto de México como de su entidad, cuenten con instrumentos más efectivos para definir el rumbo y las acciones de los gobiernos que eligen.

Así, en lugar de pensar que se le quita poder a un grupo para dárselo a otro, podemos reflexionar acerca de dónde podemos dejar las decisiones políticas para que sea más fácil que la ciudadanía incida en ellas.

Este federalismo popular, entonces, no se enfoca en fortalecer figuras o grupos políticos, sino en darle elementos y herramientas eficaces, cercanas, operativas, a un pueblo que quiere ser algo más que el mero elector de sus gobernantes.