Debemos recordar que, durante su campaña electoral para la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, había dicho que a mitad de su sexenio se sometería al juicio del electorado para que éste decidiera si continuaba o no en el cargo. Y así procedió, cumplió su promesa. Nada más que la forma en que lo hizo distó mucho de ser un procedimiento democrático; más bien, en los términos propios de la ciencia política se trató de un “cesarismo plebiscitario.”

En el proceso hubo una gran cantidad de irregularidades. Por ejemplo: ciertamente se alcanzó la meta respecto de la recolección de firmas que exige la fracción IX del artículo 35 constitucional, para echar a andar la consulta de revocación de mandato; sin embargo, el INE encontró anomalías en casi el 20 por ciento de las firmas; votaron hasta los muertos, personas que perdieron sus derechos políticos, hombres o mujeres que extraviaron su credencial de elector. Algunas credenciales de elector, en vez de tener la foto de la persona correspondiente tenían la de otra persona, una silla u otro objeto como una tarjeta de crédito. Aparte de eso, el INE encontró que 25 por ciento de los ciudadanos que, supuestamente, habían dado su consentimiento para la revocación de mandato, en realidad, no lo habían dado.

El numeral 7° de la fracción IX, del artículo 35 constitucional, estipula: “Queda prohibido el uso de recursos públicos para la recolección de firmas, así como con fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de revocación de mandato.” Allí se indica que debe suspenderse cualquier tipo de propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno, excepto la relativa a servicios educativos, de salud y protección civil.

Los partidos políticos deben abstenerse de intervenir en este tipo de procesos. Tristemente, fuimos testigos de cómo Morena pintó bardas en apoyo a López Obrador, colgó en los postes propaganda, y rentó espectaculares invitando a la gente a participar en favor del presidente de la república.

Secretarios del gobierno federal, gobernadores, presidentes municipales, diputados y senadores de Morena, violaron flagrantemente la ley pese a los exhortos y amonestaciones que les hizo el Consejo General del INE. Es más, a la hora de la votación, o sea, el domingo pasado, 10 de marzo, a cada uno de los funcionarios y representantes populares se les pidió una cuota de sufragantes.

Qué tanta sería la apuración que, hasta Mario Delgado, presidente de Morena, la hizo de “pesero”, acarreando gente a las casillas. No miento: allí están las fotos y los videos.

Lo paradójico fue que el presidente de la república, dijo con entusiasmo, que se sometería al juicio de los ciudadanos mediante en mecanismo de la revocación del mandato respetando la ley. Conviene señalar que la única autoridad encargada de llevar a cabo este ejercicio es el INE. Pues bien, el Instituto Nacional Electoral hizo un cálculo de lo que costaría el revocatorio y lo dio a conocer; el Ejecutivo Federal envió al Congreso la Ley de Ingresos y el presupuesto de egresos, pero con un severo recorte a los recursos destinados al INE. Con toda evidencia, el presidente trae un pleito casado con el INE: no se pudieron instalar el número de casillas que eran necesarias para cubrir el territorio nacional.

Hubo el intento, por parte de los congresistas de Morena, de presentar un decreto de interpretación legislativa, para que se dejara de aplicar la constitución respecto de la participación de los funcionarios públicos en el proceso de revocación de mandato. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los mandó con cajas destempladas.

El presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena violaron sistemáticamente la ley en este proceso de revocación de mandato. Dejaron en claro que para ellos el Estado de derecho en México, como decía Arturo de Córdova, “no tiene la menor importancia.” El Primer Mandatario, hace, literalmente, lo que se le pega la gana a sabiendas de que goza de total impunidad.

México ha dejado de ser una democracia ¿Por qué? Porque la principal característica de la democracia es que en ella el poder se somete a la ley; y quien en ella transgrede la ley—incluso si se trata del presidente de la república—sufre las consecuencias, vale decir, es destituido y debe comparecer ante la justicia.

Vamos camino a convertirnos en una dictadura cesarista. Para lograr ese propósito AMLO quiere doblegar a la Suprema Corte, al Congreso, a los estados. Desaparecer a los órganos autónomos como el INE y el INAI; callar a la prensa y a los periodistas críticos.

La república romana se vino abajo cuando Julio César acaparó tal poder que puso en puestos claves a gente de su confianza; el pueblo lo vitoreó como líder indiscutible. A eso, se le llama “Cesarismo plebiscitario.”

La diferencia es que Julio César sí contaba con la adhesión sincera del “populus” romano; Andrés Manuel López Obrador—toda proporción guardada—apenas alcanzó un escuálido 18 por ciento de la votación, con todo y que echó al asador toda la carne. No alcanzó, ni de cerca el 40 por ciento de los sufragios para que el proceso tuviese validez. El 82 por ciento de los mexicanos no está con él. Sin embargo, él habla a nombre del pueblo (“pars pro toto”), como si fuésemos todos los mexicanos.

Con todo y ese fracaso, debemos tener cuidado porque en su megalomanía, el tabasqueño se quiere presentar como “el hombre extraordinario” que el país necesita, por encima de las instituciones y las leyes; quiere instaurar una dictadura cesarista o, por lo menos, un Maximato, mediante el cual ceda la Presidencia de la República a alguna persona que él mangonee.

Ese es su proyecto transexenal.