Opinión

La vigencia de la lucha por los derechos de la comunidad LGBTQ+

El pasado 28 de junio de 2022 se realizó el Quincuagésimo tercer aniversario del Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+ (lesbiana, gay, bisexual y transexual, intersexual), fecha también considera como Día del Orgullo Gay, cuyo principal objetivo es hacer latente el reclamo a la tolerancia, la igualdad y la dignidad de esta comunidad.

A diferencia que de lo que sucedió en Nueva York, la madrugada del 28 de junio de 1969, en el bar Stonewall Inn, el cual, en esos tiempos, era de los pocos espacios de libertad para la colectividad y que, en un intento por arrestar a 200 personas del lugar, sólo porque una pareja del mismo sexo bailaba y vistiera de un “uso no tradicional para su sexo”, los asistentes se hartaron de actos homofóbicos y decidieron resistirse e iniciar una batalla con las autoridades; hecho que detonó el movimiento por los derechos civiles y humanos de la comunidad LGBTIQ+, tanto en Estados Unidos como en todo el mundo.

Desde aquellos años se dio paso a una festiva rebelión, generalmente caracterizada con “marchas del orgullo gay” donde predomina el ondear de la bandera con los colores del arcoíris y, cada vez más, tienen cabida actividades donde se plasman las exigencias sociales y políticas que identifican a los colectivos participantes.

Lo que se vio en la reciente “marcha del orgullo gay” ha sido, una vez más, una expresión que tiene que ver con los derechos humanos. Es una muestra de empoderamiento de la comunidad LGBTIQ+ para reivindicar los derechos y las libertades que se les niegan, así como el espacio público del que a menudo se les excluye.

Cierto es que en diversos países del mundo, se han superado leyes que penalizan las prácticas homosexuales, y se avanza para eliminar la discriminación contra los homosexuales, legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, facilitar el establecimiento de las familias homoparentales, incluida la adopción de hijos por personas homosexuales, el respeto a la identidad sexual de las personas transexuales, sus derechos al cambio legal de sexo y nombre y derechos a tratamientos hormonales, quirúrgicos, etc.

Pero a pesar de ello, de acuerdo a Amnistía Internacional que desde 1991 trabaja por los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI), en muchas partes del mundo no son respetados. Con o sin un marco legal que los proteja, se les niega el disfrute en condiciones de igualdad de su derecho a la vida, a la libertad y a la integridad física.

Además, se les despoja de derechos fundamentales como las libertades de asociación y de expresión; se le impiden sus derechos a la vida privada, al trabajo, a la educación y a la atención médica.

Según el organismo internacional, diversas naciones imponen variadas sanciones a la homosexualidad; en 11 países del mundo este hecho puede llegar hasta la pena de muerte. En otros 70 países la homosexualidad es ilegal; se encarcela a personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales en aplicación de leyes que penalizan su orientación sexual o su identidad de género, se les tortura para obtener confesiones de "desviación" y se les viola para "curarlos" de ella.

Se estima que, entre enero de 2008 y septiembre de 2020, al menos 3 mil 664 personas trans fueron asesinadas en todo el mundo.

En el resto de los países, la homosexualidad no está penada legalmente, pero las personas de la comunidad LGBTTTIQ+ (lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti, intersexual) sufren de forma diaria discriminación y crímenes de odio. Además, el discurso homofóbico de gobernantes, políticos, religiosos y medios de comunicación, fomenta un clima de intolerancia y discriminación contra la diversidad sexual e incluso alienta la violencia contra estas personas.

Es innegable que, al igual a los factores de sexo y raza, la identidad de género y la orientación sexual están ligadas a aspectos fundamentales de la identidad humana y afectan al núcleo del derecho a la integridad física y mental de las personas. Por ello es destacable, lo que se ha alcanzado en México, tal vez mucho de ello ligado a la, cada vez mayor magnitud de la marcha, que permite que cada uno de sus integrantes reclame su identidad.

El Estado mexicano, con respecto al reconocimiento de los derechos humanos de la comunidad LGBTTTIQ+, muestra avances constitucionales como lo establecido en: Artículo 1o., que refiere la prohibición de la discriminación por género, condiciones de salud, preferencias sexuales, estado civil o cualquier actividad que atente contra la dignidad humana; Artículo 3o., referente a toda persona tiene derecho a recibir educación laica y ajena a la doctrina religiosa, la cual debe estar basada en el conocimiento científico y la lucha contra la ignorancia con el objetivo de hacer mejor la convivencia humana. Y, Artículo 4o., que establece que toda persona tiene derecho al acceso a la salud pública y protección sanitaria, sin que medien motivos de discriminación, imperando la igualdad jurídica entre hombres y mujeres.

Otro avance ha sido la creación de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, donde se precisa: “Se entenderá como discriminación, exclusión o restricción, aquello que tenga como resultado restringir el ejercicio de los derechos humanos, por preferencia sexual, estado civil o situación familiar. La discriminación también engloba a la homofobia, la misoginia, así como cualquier tipo de intolerancia”.

Asimismo, a lo largo de la década pasada, se dio un avance sustancial en materia de derechos humanos al aprobar, en la mitad de los estados de la República, el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo. (Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, en 2010; Nuevo León, Puebla y Quintana Roo, en 2011; Coahuila, en 2014; Nayarit, en 2015 y, Aguascalientes, Baja California, Colima, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos y Campeche, en 2016).

Hoy, el reconocimiento de los derechos humanos de la comunidad LGBTTTIQ+ se mantiene en lucha constante y debe tener mismo nivel de importancia que el de las demás personas, sin importar su condición social, económica, de identidad de género, orientación sexual o ideología política.

Foto: Cuartoscuro

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