El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) dio a conocer el viernes su propuesta de nueva Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, como parte del trámite exigido por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) para identificar cambios que pudieran representar cargas administrativas adicionales a los ciudadanos.

En el texto del proyecto de Ley General, que puede ser comentado por cualquier ciudadano, se vuelve a explicar que se privilegiará el financiamiento a investigaciones orientadas a las soluciones de los problemas del país, pero la definición de los problemas prioritarios queda en manos de quien administre Conacyt, lo que vulnera la posibilidad de que los investigadores seleccionen libremente sus temas de investigación.

El mismo anteproyecto insiste en limitar los apoyos financieros a investigadores de universidades privadas y pasa por alto los criterios de calidad en el otorgamiento de becas subrayando que las becas se darán "de buena fe".

El Anteproyecto elimina la figura del anterior Foro Consultivo Científico y Tecnológico, donde participaban academia, gobiernos federal, estatales y sector privado. A cambio crea una oficina interna similar llamada Órgano Interno Consultivo, para fomentar la participación de los actores del ecosistema de investigación y desarrollo.

Diferentes cambios llaman la atención, como los que afectan a los Centros Públicos de Investigación Conacyt. En el artículo 70 se informa que “Se crea el Sistema Nacional de Centros Públicos como una herramienta de articulación de sus recursos, infraestructuras y redes (…) con el objeto de alcanzar y consolidar la independencia científica y tecnológica del país, así como garantizar que los beneficios sociales del progreso científico y tecnológico redunden en el bienestar del pueblo de México… Pero también aparece ahora un mecanismo para quitar a esas instituciones la calidad de Centro de Investigación, que queda descrita en el artículo 78, por cuatro supuestos relacionados con resultados, evaluaciones o solicitudes de la Secretaría de Hacienda o de la dependencia coordinadora del sector en el que trabajan esos Centros.

PIDEN VÍA RÁPIDA.

Para lograr que el Anteproyecto de Ley avance lo más rápido posible dentro del Poder Ejecutivo, los autores del documento pidieron a Conamer dispensar la entrega de una Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR) y dedicar el menor tiempo posible a la consulta pública, con el argumento de que el expediente entregado es sólo un anteproyecto y puede sufrir modificaciones cuando llegue a las Cámaras de Diputados y Senadores.

“De conformidad con el artículo 73, párrafos segundo y tercero, de la Ley General de Mejora Regulatoria, se solicita que se aplique un plazo mínimo de consulta pública menor al previsto por la mencionada Ley, considerando que la regulación consiste en un Anteproyecto y que el mismo aún puede sufrir variaciones como parte del procedimiento previsto por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y, en todo caso, una vez iniciado formalmente el procedimiento legislativo correspondiente”, dice la solicitud de exención de Manifestación de Impacto Regulatorio, cuyo responsable es el Maestro Noé Ortíz Lépez, Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de Conacyt.

Los autores del anteproyecto expresan por escrito a la Conamer que: “La ley no regulará acciones de particulares que les generen algún costo de cumplimiento, más bien, sus destinatarios directos serán las autoridades en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. La propuesta regulatoria no establece nuevas obligaciones, disposiciones o trámites por sí misma”.

Existen grandes posibilidades de que esta iniciativa desemboque en Ley porque sería apoyada por la mayoría legislativa del Partido Morena. Anteriormente se presentaron dos propuestas de Ley elaboradas por la Red Nacional de Consejos Estatales de Ciencia (Rednacecyt) y por la red ProCienciaMx, pero no fueron atendidas.

Cámaras llevan casi 15 meses sin cumplir su propio mandato.

A pesar de que las Cámaras de Diputados y Senadores de México se impusieron a sí mismas aprobar una nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación antes de que concluyera el año 2020, los legisladores de los grupos mayoritarios han evadido su responsabilidad y se han mantenido a la espera del anteproyecto de Ley que les arme el Poder Ejecutivo, a través de Conacyt. Los legisladores crearon y se autoimpusieron la tarea cuando aprobaron la Reforma al artículo 3 Constitucional, en mayo de 2019.