Otorga juez a investigador suspensión provisional contra nueva Ley de Ciencia
La decisión significa que el Juicio de amparo sigue adelante y para el científico que lo promovió no se le pueden aplicar los efectos administrativos de la Ley que aprobaron los diputados
política científica
La Ley de ciencia aprobada en dos sesiones irregulares en las Cámaras de Diputados y Senadores han sido denunciadas en juicios y en marchas.
Los juicios de amparo contra la nueva Ley General de Ciencia, que han promovido investigadores de diferentes estados de la República, comienzan a moverse a favor de los inconformes. El jueves 6 de julio, el Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el estado de Nuevo León otorgó a un investigador, la primera suspensión provisional contra la nueva Ley.
La decisión judicial difundida en Monterrey significa que el Juicio de amparo sigue adelante, para el científico que lo promovió, y por el momento no se le pueden aplicar a esa persona los efectos administrativos de la Ley que aprobaron los diputados. Esto es importante porque el científico que busca ampararse afirma que la nueva Ley afecta negativamente el proceso y resultados de su trabajo; además de otras violaciones a sus derechos humanos.
“En sus escritos aclaratorios, precisó medularmente que la afectación que resiente es respecto la totalidad del decreto, pues su sola entrada en vigor le genera un perjuicio ya que su emisión violenta el derecho de propiedad intelectual, derecho a la libre investigación, entre otras –señala el quejoso-“, informó el juzgado.
El equipo de Crónica cuenta con copia de la resolución del juez, pero se reserva el nombre del investigador por tratarse de un proceso judicial no concluido, que puede desembocar en una suspensión definitiva o en desechar el juicio. La misma suspensión provisional llama a la autoridad señalada a expresar si son o no ciertos los actos reclamados por el ciudadano. Pero para no dejar al investigador sin protección, advierte o apercibe a las autoridades que si no acata el mandato judicial emitido el 6 de julio recibirá una serie de multas.
LEGISLACIÓN IMPUGNADA
La Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el ocho de mayo de 2023; después de dos jornadas legislativas llenas de irregularidades en las Cámaras de Diputados y Senadores. Esta ley era una obligación que no habían cumplido los legisladores durante tres años pues cuando se reformó el artículo 3 de la Constitución, en mayo de 2019, se aprobó también la obligación de emitir una nueva Ley General de Ciencia, que sustituyera a la Ley Federal de Ciencia vigente desde 2002.
Desde el día siguiente de la publicación de la nueva Ley General, decenas de científicos promovieron juicios de amparo; algunos de ellos han sido respaldados por organizaciones ciudadanas o profesionales como Ciencia Plural Mx y Uniendo Caminos, quienes promovieron decenas de estos recursos legales en todo el país, donde cada uno agrupa a 10 investigadores e investigadoras de diversas entidades.
Lee tambiénDirección del CIDE: censura, ilegalidad, autoritarismo, bochorno y servidumbre a la 4T
El 2 de junio un juez con sede en la ciudad de Ensenada, Baja California, admitió el primero de esos juicios, con el número de expediente 712/2023. Esto significó que la idea general de promover un amparo contra la nueva Ley no es una queja vacía y sin sustento jurídico; al menos tiene argumentos suficientes para que los jueces lo revisen y analicen si viola o no derechos previos de los ciudadanos. A partir de la primera resolución de Ensenada, las organizaciones siguen alentando a que más científicas y académicos sigan promoviendo sus amparos.
El abogado Joan Ochoa Sada, quien es vocero de la organización Uniendo Caminos explicó que los amparos de los científicos son contra el detrimento de su libertad de investigación y otras afectaciones de la nueva ley.
La estrategia legal que llevan a cabo, consiste en trabajar con grupos colectivos para generar amparos, con lo cual buscan mostrar a la ciudadanía su efectividad ante una violación a los derechos humanos. Estos grupos se conforman por 10 personas miembros de la comunidad científica, pertenecientes a instituciones públicas y privadas, quienes representan un amparo.
El amparo ha sido promovido por las organizaciones Ciencia Plural Mx y Uniendo Caminos, quienes promovieron decenas de estos recursos legales en todo el país, donde cada uno agrupa a 10 investigadores e investigadoras de diversas entidades.
SUPREMA CORTE CONTINÚA ANÁLISIS
El pasado 6 de junio, Senadores de distintos grupos parlamentarios, que representan al 33 por ciento de la Cámara Alta, enviaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la primera acción para promover la inconstitucionalidad del Decreto por el que se expide la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, publicado el 8 de mayo de 2023 en el Diario Oficial de la Federación. Una semana después, un grupo de 502 trabajadores, investigadores y académicos de 68 Centros Públicos de Investigación y universidades públicas y privadas, dirigieron una “solicitud de atención prioritaria” a la Suprema Corte, en la que piden atender las acciones de inconstitucionalidad promovidas por los legisladores. La respuesta de la Corte sigue pendiente.