Jubilados del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) se manifestaron frente al Congreso local, ya que querían exigir en forma directa al titular del organismo, Juan Partida Morales, que se resuelva el desabasto de medicinas en las unidades médicas y que se garanticen las pensiones para alrededor de 50 mil ex trabajadores.
El titular del Ipejal no acudió a la Glosa del Informe de Gobierno como ellos lo esperaban. Sin embargo, los pensionados expresaron sus reclamos sobre la mala gestión en el Ipejal.
Alfonso Gamiño Ruvalcaba, representante del Colectivo Pro Defensa del Patrimonio del Ipejal, aseveró que “es falso” que al Fondo de Pensiones le queden cuatro años de vida, como lo establece un estudio actuarial que envió el gobernador Pablo Lemus al Congreso del Estado.
“De estos meses, con esta Administración, hemos detectado irregularidades que daremos a conocer. Vamos a convocar lo mas probable a una rueda de prensa de toda la información que hemos recabado en estos meses. Es la tercera vez que salimos a la calle en menos de un año, es la tercera vez y no hay una respuesta hacia algo que nos corresponde por derecho”, expresó.
Alejandra Noemí Morales, jubilada del Hospital Civil de Guadalajara, pidió a los diputados que promuevan que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del gobierno federal haga una auditoría externa al Fondo de Pensiones del Ipejal, para despejar cualquier versión de que el fondo está a punto de ir a la quiebra.
“Queremos que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) haga una auditoría al Instituto de Pensiones, no pueden venir a decirnos que tenemos cuatro años de vida, cuando todos aquí han aportado mas de 30 años de cuotas al Instituto de Pensiones. No lo pueden venir a decir, queremos cuentas claras, no queremos un estudio actuarial a modo”, subrayó.
Tanto el profesor Alfonso Gamiño, como Alejandra Noemí, desmintieron lo dicho hace unos días por el gobernador Pablo Lemus, en el sentido de que hay un abasto de medicinas de 80% en las unidades médicas del Ipejal.
“Cuando mucho habrá 40% de medicinas y eso no puede continuar así, porque está en juego la salud de 50 mil personas jubiladas”, señalaron los entrevistados. Muchos de los pensionados fueron maestros de educación básica, policías, bomberos, enfermeras y empleados administrativos de los ayuntamientos quienes laboraron por 30 años o más al servicio del estado.