Con el propósito de garantizar la procuración de justicia para las mujeres en Jalisco, la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia logró la judicialización de 116 carpetas de investigación relacionadas con agresiones por razón de género en el estado.
Como resultado de las diligencias de investigación inicial, el personal especializado de la institución formalizó la judicialización y puesta a disposición de 117 imputados ante el órgano jurisdiccional.
La acción se materializó a través de diversos mecanismos de conducción, como 21 detenciones realizadas por mandato judicial, cuatro en flagrancia, 91 presentaciones vía citatorio y una reposición de procedimiento.
De los casos, se presentaron 101 por violencia familiar, seis por feminicidio, dos por el delito de violación, dos por abuso sexual, y por los delitos contra la dignidad de las personas y lesiones, con tres asuntos por cada uno.
La incidencia territorial de dichos procedimientos se distribuye en Amatitán, Ameca, Arandas, El Arenal, La Barca, Mezquitic, Sayula, El Grullo y Chapala, municipios que reportaron un caso unitario.
En el caso de Ocotlán, El Salto, Ixtlahuacán de los Membrillos y Colotlán se registraron dos casos, respectivamente, seguidos por Autlán de Navarro, Lagos de Moreno y Zapotlán el Grande, con tres incidencias cada uno.
En Tonalá hubo cuatro y en Cihuatlán como en Tepatitlán de Morelos, cinco registros respectivamente.
En la zona metropolitana, Guadalajara presenta 26 asuntos, seguida de Tlajomulco de Zúñiga con 18, Zapopan con 12, Puerto Vallarta con 11 y San Pedro Tlaquepaque con diez.
Derivado de los datos de prueba recabados, se vinculó a proceso a las 117 personas señaladas y se dictaron medidas cautelares.
A 18 individuos se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva, mientras que para 44 personas se decretaron medidas cautelares diversas, consistentes en restricciones de acercamiento a las víctimas o lugares determinados, firma periódica ante la autoridad jurisdiccional y vigilancia institucional.
En dos casos adicionales, el juzgador determinó la no imposición de medidas.
En 53 casos se autorizó la suspensión condicional del proceso como salida alterna prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Dicho mecanismo permite la paralización del procedimiento penal supeditada al cumplimiento de un plan de reparación del daño y al sometimiento a condiciones de control rigurosas, garantizando una solución pronta, eficaz y reparadora para las víctimas.
La Fiscalía del Estado ratifica su mandato de fortalecer los servicios de procuración de justicia en todo el territorio estatal, bajo una perspectiva de género transversal e irrestricta.