Actualmente 99% de los procedimientos de responsabilidad patrimonial se resuelven en contra de los ciudadanos. Esto, debido a requisitos excesivos, trámites complicados y plazos prolongados que limitan el acceso real a la reparación del daño.
Por ello, la diputada del PAN, Claudia Murguía Torres, a nombre de su bancada, presentó una reforma a la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Jalisco y sus Municipios, la cual se votó en forma favorable en la segunda sesión extraordinaria del Congreso.
El diputado panista, Julio Hurtado, explicó en tribuna que los ciudadanos deben tener procedimientos más ágiles para exigir el pago cuando caen en un bache, o por ejemplo, ahora que muchas personas perdieron sus autos por hechos de inseguridad, en los narcobloqueos.
“¿Qué quiere decir esto?. vamos a hablar de eventos tan catastróficos como el del fin de semana. Los ciudadanos no tienen la culpa de que por la acción de un operativo o la omisión de poder cuidar en forma completa la vía pública, les quemen sus autos, les desbaraten sus negocios, les afecten su patrimonio. Deben de tener un recurso ágil, accesible para hacer esa reclamación de forma ordinaria”, aseveró.
Otros hechos que afectan a los ciudadanos son calles con baches o carreteras estatales en mal estado, dijo el legislador. Ahí también se debe indemnizar a los ciudadanos que sufren daños en sus vehículos y la Ley de Responsabilidad Patrimonial, debe ser un instrumento no un bloqueo para ejercer ese derecho.
Julio Hurtado, diputado del PAN, expresó lo siguiente: “Oye, hemos visto en los últimos años carreteras despedazadas, en donde se ha quedado el patrimonio de los ciudadanos: carros completamente desbaratados, desde un llanta ponchada, hasta un patrimonio de mediano valor en afectación, porque el Estado por omisión ha dejado de atender infraestructura que es fundamental. Lo grave hoy es que 99% de estas reclamaciones se resuelven en contra de los ciudadanos”, apuntó.
La propuesta firmada por la coordinadora de la bancada del blaquiazul, Claudia Murguía, establece que las autoridades (ayuntamientos y gobierno de Jalisco) deben crear un Fondo Ciudadano de Indemnización Expedita, para cubrir de manera inmediata reclamaciones menores a 100 Umas (equivalentes a 117 mil pesos) y así evitar retrasos a los ciudadanos afectados.