Hay temas que sacuden al país, y el de las pensiones ha sido, sin duda, de los más sensibles. Recientemente, el Senado recibió una iniciativa para reformar el Artículo 127 constitucional con un objetivo claro: poner un tope de aproximadamente 70 mil pesos mensuales a las llamadas “pensiones doradas” en entidades como Pemex y CFE, entre otras.
Para entender este debate, primero hay que llamar las cosas por su nombre: ¿Qué es una pensión?. No es un regalo; es el resultado de una vida de trabajo y, legalmente, una situación jurídica consolidada. El argumento oficial dice que este recorte generará un ahorro de 5 mil millones de pesos anuales destinados a programas sociales. Bajo esta narrativa de “justicia distributiva”, la medida puede suena lógica para muchos. Sin embargo, desde el Derecho debemos hacer una pausa. Y es que una cosa es la intención política y otra muy distinta es la seguridad jurídica.
Desde una perspectiva jurídica, la medida puede calificarse incluso como una verdadera aberración legal que se pretenda afectar a cerca de 38 mil exfuncionarios que ya se jubilaron bajo reglas claras. Estas pensiones no surgieron de la nada; fueron pactadas mediante complementos y planes de retiro legales. Si hoy el Estado decide que esos acuerdos ya no valen porque “necesita el dinero para otra cosa”, ¿qué certidumbre nos queda a los demás sobre nuestros propios derechos? Imagínate, mañana la urgencia podría ser otra, y el blanco, cualquier otro derecho adquirido.
¿Qué sigue ahora? La ruta estratégica de defensa. Hay que ser realistas: al ser una reforma a nuestra Constitución, el amparo no es como una varita mágica que va a resolver todo. Sin embargo, colega abogada, abogado: si estás planeando dar la batalla en los tribunales por este tema, aparte de pelear por lo que nos reconoce nuestro Artículo 14 Constitucional, te sugiero poner especial atención en estas dos bases que, a mi juicio, son el corazón de una defensa sólida:
- Vicios en el procedimiento: No den por sentado que el proceso legislativo fue impecable. Hay que diseccionar si el Congreso cumplió con cada formalidad. En el Derecho, ya lo sabemos, la forma es fondo.
- El Control de Convencionalidad: Esta es la verdadera llave. México está obligado por tratados internacionales a respetar el principio de progresividad. Una vez que se alcanza un nivel de protección en seguridad social, el Estado no puede dar un paso atrás. Si buscas una ruta con potencia, apuesta por la inconvencionalidad; ahí es donde los tribunales internacionales podrían darte la razón.
Un consejo vital para ti si eres pensionado: Mantén la calma. Esta incertidumbre atraerá a “charlatanes” con promesas mágicas. Una red flag inmediata: desconfía de quien te asegure ganar el caso “sí o sí”. Un profesional serio analiza criterios, como la inconvencionalidad de la norma, pero jamás garantiza una sentencia, pues la última palabra la tendrá la autoridad judicial.
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Desde Derecho en Perspectiva, sostengo que un Estado fuerte no es aquel que impone recortes a voluntad, sino aquel que tiene la madurez de respetar su propia palabra. Porque al final del día, la justicia sin seguridad jurídica es solo una promesa vacía, es confirmar que no vivimos en un estado de derecho, y la ley, para ser respetada, debe empezar por respetarse a sí misma.
@kaarinacano