
Hace aproximadamente medio siglo, Dwight Waldo —uno de los pensadores administrativos más importantes en el periodo de la posguerra estadunidense, sólo opacado por el Premio Nobel de Economía Herbert Simon y su obra acerca del comportamiento administrativo— escribió que, en el quehacer gubernamental, las acciones motivadas por intereses políticos y las guiadas por propósitos de eficiencia y eficacia administrativa están separadas por una muy tenue “línea gris”. Al decir esto, D. Waldo retomó y reformuló a fondo la —ya por entonces considerada vieja— dicotomía “política-administración”, originalmente descrita por Woodrow Wilson a principios del siglo XX y que generó toda una corriente de pensamiento en asuntos públicos.
La reformulación que Waldo dio al paradigma “política-administración” fue una respuesta adecuada a algunos de los principales dilemas que la construcción del Estado de Bienestar estaba encarando en la década de 1950, en términos de asegurar el éxito de decisiones de tipo asistencial que llevaban una fuerte carga ideológica y política. Luego entonces, ya no podría sostenerse que a los políticos sólo les correspondía definir los alcances de las decisiones; en tanto que los administradores públicos se encargarían únicamente de las cuestiones de implementación, de uso de tecnologías y de evaluación de resultados. A partir de lo dicho por Waldo, se ha reconocido que las decisiones políticas involucran múltiples elementos de carácter técnico y administrativo. De igual modo, en el trabajo de las instancias operativas se acepta la presencia y definitiva influencia de consideraciones de tipo político por parte de los propios funcionarios públicos y sociales. Por decirlo de forma breve, políticos y funcionarios cruzan continuamente la delgada línea gris que separa sus respectivas responsabilidades.
La situación que vive México a mediados de este 2007 se asemeja mucho al contexto en el que Waldo construyó su concepto de la línea gris. No hay duda de que el país está viviendo procesos de cambio profundo en los que las viejas definiciones sobre lo que cada actor político y social debe hacer, ya no son aplicables del todo. Incluso, elementos de carácter ritual y protocolario han perdido el simbolismo que se les atribuía. El caso del informe presidencial y el reconocimiento de embajadores propios y extranjeros son muestra palpable de esta situación. Cabe entonces preguntarse si necesitamos de una nueva visión sobre el trabajo político que recoja, como lo hizo la elaborada por Waldo, la nueva realidad y sus circunstancias.
La respuesta a este potencial dilema tendría que encontrarse en las propias percepciones de los actores que han de cruzar la delgada línea gris del México contemporáneo. Una somera revisión de los discursos y manifestaciones de gobernantes electos, dirigentes partidistas, funcionarios de alto nivel y líderes sociales nos permite afirmar que, efectivamente, para muchos de ellos el momento actual es un tiempo de transformaciones.
Sin embargo, resulta difícil, si no es que imposible, identificar las definiciones y los elementos que habrían de conformar las nuevas reglas del juego político e institucional. Los actores parecen estar más interesados en aprovechar las oportunidades que todo tipo de coyunturas les ofrecen, antes que impulsar el abandono definitivo de las viejas reglas y la creación de nuevas.
Si de alguna manera se puede definir la delgada línea gris del actual momento político, ésta tendría que ser la del reconocimiento de que a los actores políticos ya no les interesa necesariamente la democracia como un fin en sí mismo, y que incluso están dispuestos a olvidarse por momentos de ella; como lo muestran claramente el uso que el PAN ha dado a los tribunales electorales y la aplicación subjetiva y arbitraria de los estatutos partidistas en el PRD. Otro caso, igualmente dramático, es el que está configurándose en torno a lo que fue la accidentada conducción de la campaña a gobernador del PRI en Baja California.
Por lo que toca a las administraciones públicas y a las organizaciones civiles, sus funcionarios y militantes se muestran igualmente deseosos de abandonar las reglas del pasado y de aprovecharse de las oportunidades del caótico presente. Tampoco parecen existir entre ellos iniciativas auténticas, encaminadas a crear un nuevo orden de cosas. Ante tal panorama, no puede evitarse el fatídico pensamiento de que quizá la línea gris ya no es tan delgada; si no que se ha ido ensanchando y se ha convertido en la norma imperante. Es decir, es factible pensar que vivimos un momento de “juegos sin reglas” o, si se quiere, de un juego en el que “todo se vale”.
Pero confiemos —estimado lector— que este fatalismo resultante es sólo una reflexión producto del calor extremo que el autor de esta columna sufre y que, en realidad, el país transita por un sólido proceso de consolidación institucional que quedará, además, evidenciado por la realización de una ceremonia del informe presidencial llena de sentido republicano y de respeto pleno del orden constitucional. Agua, un vaso de agua, por favor.
* Analista de asuntos político-administrativos
ppsosa@hotmail.com
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