La Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México ha publicado una reforma al Código Penal, la cual introduce un nuevo tipo penal: la corrupción inmobiliaria. De acuerdo con Martí Batres, jefe de Gobierno, esta medida responde a años de lucha por parte de los vecinos de diversas colonias, quienes han clamado por detener los abusos en el desarrollo urbano y la construcción de edificaciones indebidas.

"Considerando que se ha dado este fenómeno de corrupción inmobiliaria y con el objetivo de ponerle un freno, ponerle un alto, respondiendo a las exigencias de los vecinos de muchas colonias y lugares a los que hemos escuchado a lo largo de estos años, es que envié el pasado 9 de enero de este año, una iniciativa para establecer un nuevo tipo penal, una iniciativa para establecer un nuevo delito en el Código Penal, un delito que se llama corrupción inmobiliaria", dijo.

La reforma, que fue aprobada por el Congreso de la Ciudad de México, establece duras penas para quienes participen en actos de corrupción inmobiliaria. Según el nuevo artículo 276 Quater del Código Penal, los servidores públicos que permitan o toleren la construcción de inmuebles sin el cumplimiento de los requisitos legales enfrentarán penas de 10 a 20 años de prisión. Además, si dichas acciones resultan en beneficios económicos para el servidor público o sus allegados, la pena se incrementará en una mitad, llegando incluso a 30 años de prisión.

El Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Inti Muñoz Santini, destacó la importancia de esta reforma para proteger el tejido urbano y la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. Asimismo, subrayó el compromiso del gobierno con la ética de la responsabilidad y la transparencia en el ejercicio de sus funciones.

"Para el Gobierno central de la Ciudad de México, la única tarea, el compromiso central ha sido: siempre gobernemos poniéndonos en los pies de la gente, siempre pongámonos del lado de las personas; siempre, ante la disyuntiva, pongámonos del lado de quienes resultan desfavorecidos, de quienes están en desventaja. Porque ese es el papel del gobierno: servir a la sociedad, estar al servicio de las y los habitantes de esta gran urbe, que es la única tarea que debe tener un servidor público; y hacerlo, además, con profesionalismo, hacerlo con una estricta ética de la responsabilidad, haciéndose cargo del efecto de sus acciones y sus decisiones", expresó.

"Hay afectaciones muy concretas que la corrupción inmobiliaria produce a la ciudad, una es el encarecimiento, el encarecimiento del suelo. Se desatan dinámicas de especulación, se desatan dinámicas donde el costo de la corrupción, ese dinero que se dio a través de una mordida a un funcionario público aumenta también el valor a las propiedades".

Por otra parte, el Coordinador General de Investigación Territorial, en suplencia de la persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara López, enfatizó la importancia de la colaboración entre el Gobierno y el Poder Legislativo para combatir la corrupción inmobiliaria. Destacó que la Fiscalía redoblará esfuerzos para investigar y perseguir estos delitos, con el objetivo de prevenir la creación de redes de corrupción y proteger los derechos de los ciudadanos.