Metrópoli

“La FGJ premió a mi agresor sexual con un puesto de atención a mujeres en Azcapotzalco"

Es la historia de una trabajadora de la Fiscalía capitalina que fue agredida por uno de sus superiores, además se abrió una carpeta de investigación en su contra por denunciar a su agresor 

FGJCDMX

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A unos días de que termine la gestión de Ernestina Godoy al frente de la FGJ capitalina, la dependencia sigue acumulando quejas de sus trabajadores; es el caso de una mujer que denunció a uno de los funcionarios de la Fiscalía y ahora tiene procesos en su contra. "Denuncié a Martín Neri Hernández, el jefe de Coordinación General de Atención a Víctimas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México porque me acosó sexualmente y agredió; un juez de control ordenó su remoción porque consideró que existían las pruebas suficientes para comprobar que me había violentado, pero lo premiaron con un puesto en la dirección general de atención a mujeres de Azcapotzalco, gracias a eso tuve muchas represalias. Actualmente lo dejan integrar a la carpeta de investigación las pruebas que quiere, hasta de quince testigos cuando solamente permiten dos. Me advirtieron que me van a investigar en la Fiscalía de Servidores Públicos”, relató Bibiana Castro, abogada de atención a víctimas de la FGJCDMX.

La trabajadora de la institución explica que los últimos cuatro meses de funciones como asesora de ciudadanos afectados por diversos delitos, han sido una “pesadilla”, luego de que acusó a su superior, hecho que la llevó a ser revictimizada y objeto de una investigación e indagatorias realizadas fuera de los protocolos de reparación del daño o análisis de las acusaciones. Bibiana sostiene que, mientras su atacante goza de beneficios y privilegios a pesar de poseer una orden judicial, ella le suplica a las autoridades que integren los testimonios necesarios a su carpeta de denuncia, a lo que su agresor le dice: “no te van a creer, eres una ofrecida con los hombres”.

“Inicié una carpeta de investigación en contra de Neri el veinticuatro de septiembre y acudí a hacerme la impresión diagnóstica al Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales para comprobar que sí fui agredida, el resultado salió que sí tengo afectación por delito sexual; la expsicóloga me dijo que enviaría mi prueba al Ministerio Público, pero nunca pasó, días después la encargada de esa zona ya era otra, una colega de Neri. Se la pedí y me dijo que esa prueba no me iba a ayudar de nada y se negó a enviarla, después de eso comenzaron las agresiones, el señor se enojó muchísimo y me segregó en el trabajo; también le decía a otros compañeros que me ignoraran, que era una puta por usar falda y que soy ofrecida con los hombres, además, todo al que me habla, lo cambian de área”.

“Afortunadamente, en ese momento, el MP me otorgó las medidas de protección, pero Neri ordenó que no se dejara entrar a los Policías de Investigación al edificio para que le notificaran, todo lo logré anexar a la carpeta e intenté denunciarlo en la Fiscalía de Servidores Públicos, porque sé que eso es un delito, pero me dijeron que no procede. Aunque ya había iniciado la carpeta y ellos lo sabían, ni mis jefes o la Fiscalía hicieron algo para que no estuviera cerca, me obligaban a seguir trabajando y a entrar a su oficina a dejarle reportes, cada que eso pasaba, se burlaba y me decía: '¿Ya empezaste tu carpeta? Nadie te va a creer, haz lo que quieras, aquí, a mí no se me va a hacer nada' efectivamente, nadie le dijo algo, no se me hizo justicia”.

“Gracias a eso, promoví mis medidas de protección ante un juez, solicité una audiencia y el dos de noviembre nos enviaron ante un juez de control, ahí, la juez dijo que se acreditaba la relación de jerarquía, así como la violencia sexual y laboral en mi contra. Además, se le notificaría inmediatamente a mis jefes, la licenciada Sandy Yuritzi Martínez y a los directores generales. Sí se les comentó, pero durante una semana no hicieron nada, hasta el ocho de noviembre lo movieron de área, eso porque le envié un oficio al juez de control y hasta que enviaron a alguien del MP a verificar, se fue. Esos siete días seguí bajo su mando, me agredía más fuerte y cuando lo trasladaron, le dieron un puesto de premio en el Centro de Justicia para las Mujeres de Azcapotzalco; un agresor sexual en un sitio para atender mujeres”.

El Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo indica, en su artículo 43, que en relación con los factores de riesgo psicosocial, los patrones deberán identificar y analizar los puestos de trabajo con riesgo psicosocial por la naturaleza de sus funciones e identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos o a actos de violencia laboral y valorarlos clínicamente.

Aunque se encontraba lejos de su presunto violentador, Bibiana explica que no dejó de recibir agresiones, solamente que se transformaron a intimidaciones dentro de la carpeta de investigación; incluso en la entrevista como imputado, la FGJCDMX le permitió al hombre descalificar y agredir en múltiples ocasiones Bibiana, hecho en el que a pesar de que se le revictimizó, no ejercieron acción penal. A partir de ese momento, la afectada señala que la institución actuó de manera parcial, al negarle que continuara anexando más testimonios, mientras que a Neri, se le concedió que 15 personas declararan a su favor.

“La supuesta víctima se cree agredida por hechos que fabrica en su imaginación, sin sustento. Menciona que me refiero hacia ella como 'busca a los hombres y que es amante del director', cuando tengo el conocimiento de que ella se ha encargado de difundir y comentar tal situación entre los compañeros de trabajo y que logra concesiones o privilegios entre los hombres al vestir de cierta forma. Se demuestra que no tiene una salud mental adecuada”, se lee en el testimonio de Neri.

En calidad de imputado, a un ciudadano se le imposibilita que en su entrevista emita comentarios que incitan a la violencia de género, además de expresar un juicio en contra de la víctima cuando no se tienen las pruebas para sostenerlo.

“Soy abogada y sé que es una irregularidad que estén manejando así mi carpeta de investigación, a ninguno de mis testigos lo quisieron entrevistar y él sigue metiendo los que quiere, incluso dentro de la carpeta hay declaraciones de compañeros que trabajan el Reclusorio Norte, cuando ese lugar no tiene nada que ver con el hecho, todo ocurrió en Doctor Andrade número 103 y ellos no estuvieron cuando me agredió”.

La víctima narra que conforme transcurría el tiempo, la “pesadilla” incrementaba, ya que otros directivos del lugar, en consecuencia de la investigación hacia Neri, iniciaron procedimientos legales irregulares, que se efectuaron parcialmente y provoca que se extinga la secrecía con la que deben de ser ejecutadas las indagatorias.

“Las palabras de la licenciada Sandy fueron: 'sé que no soy una autoridad investigadora, pero voy a iniciar un procedimiento de investigación en la contraloría interna en tu contra'”.

Según las normas de la FGJCDMX, la Contraloría interna de servidores públicos solamente puede dar vista a un trabajador si realiza un delito o si una de las víctimas que atiende, presenta una queja por haber ingresado pruebas que los afecten o si ella dejara de asistir a las audiencias. Igualmente, la abogada sostiene que a todo aquel empleado que se atreve a dirigirle la palabra, se le notifica que se comenzó su solicitud de cambio de adscripción, es decir, que sean trasladados a otro espacio dentro de la FGJCDMX.

“Me quieren aislar, eso no es justo, hoy dejé de ir a trabajar, presenté las grabaciones donde los demás empleados me agreden y no hicieron nada. A Neri le reciben todas las pruebas que quiera ofrecer, psicológicamente me está afectando mucho, es una pesadilla muy fuerte; en su declaración dice que soy una persona que tengo problemas con todos, cuando antes yo era la que organizaba las fiestas de fin de año; nunca había tenido una queja”.

Actualmente, Bibiana continúa en su labor como asesora jurídica de víctimas en la FGJCDMX, al mismo tiempo en el que decide si continúa siendo objeto de presuntos ataques o abandonar la institución, mientras que el señalado libra un proceso legal que, según la víctima, se ha desarrollado en la oscuridad.